Un argumento fuerte es que el Estado, administrado por el gobierno de Evo Morales, no ha hecho casi nada o poco por resolver el conflicto de Mallku Khota, donde hasta el viernes había un saldo de un fallecido, cinco rehenes y el país en vilo. Al final, un argumento, y hasta político.
Desde que hace más de un mes los comunarios del centro minero potosino retuvieron a dos policías, luego liberados, la situación es crítica en la zona. Se ha alimentado más con el secuestro de dos ingenieros y otros tres técnicos, lo que ha causado una reacción del Gobierno con la intervención policial en la zona, al influjo de las desesperadas familias por tener a sus deudos sanos y salvos.
La comunidad está dividida entre quienes quieren y no que se vaya del yacimiento de oro la subsidiaria de la canadiense South American Silver, la empresa minera Mallku Khota. Hay comunarios que tomaron áreas de explotación sin control estatal ni protocolos ambientales, lo que hace presumir un fuerte conflicto de intereses.
Esa situación ha generado una tensión social difícil de resolver, por el momento urgente por la condición de los cinco rehenes y el desplazamiento de centenares de efectivos de la Policía Boliviana.
Más allá de cuestionar la inacción previa de las autoridades en el conflicto, llama la atención la actuación de los comunarios, que entienden que a costa de la vida de otras personas harán valer sus derechos, sin consideración del valor de los derechos humanos, de un eventual diálogo, de la consulta constitucional o del cumplimiento de las leyes. En esto, el Estado tiene mucho que ver, considerando que, en primera instancia, debe evitar ser presa de esa forma de presión para negociar el incumplimiento de las sanciones legales, como se pretende con la demanda de liberación de Cancio Rojas, inculpado de haber liderado la retención de los dos policías. Luego, con la solución pacífica de la crisis, como debería ser en otros casos también.
El editor
