Durante ese tiempo, la Asamblea Legislativa Plurinacional está obligada a elaborar una ley que rija el ejercicio profesional de ese sector. Durante ese periodo, los colegios de abogados no podrán cobrar el registro de los profesionales.
La decisión constitucional está contemplada en la Sentencia 0336, que determina la inconstitucionalidad del Decreto Supremo (DS) 0100 del 29 de abril de 2009 y por conexitud del Decreto Ley (DL) 16793 de 29 de julio de 1979, que está referido al ejercicio de la abogacía.
El 31 de julio de 2009, los entonces parlamentarios Fernando Rodríguez Calvo y Lourdes Millares presentaron un recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad —acción de inconstitucionalidad abstracta— contra el Decreto 0100 del presidente Evo Morales que determinaba el registro gratuito de abogados ante el Ministerio de Justicia para ejercer la profesión.
El presidente del TCP, Ruddy Flores, explicó que la sentencia “dispone la vigencia temporal de un año del DS 0100 del 29 de abril de 2009 y del DL 16793 de julio de 1979”.
“La Asamblea Legislativa Plurinacional —dijo— en el plazo de un año debe emitir la normativa legal que rija el ejercicio profesional de la abogacía”. Y los montos que pedían los colegios “no los van a poder cobrar, simplemente registrar a los abogados”.
