Óscar Vargas, quien fue gerente regional en La Paz durante más de una década, y Hernán Coca, exencargado de Contabilidad, explicaron que en esos tres quinquenios la modalidad de trabajo pasó por auditorías anuales del Servicio Nacional de Impuestos y otras particulares elaboradas por firmas reconocidas.
Vargas y Coca, junto a otros dos exfuncionarios de AeroSur (Raúl Rivero y Jimmy Phillips), fueron identificados en un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) como presuntos responsables del delito de legitimación de ganancias ilícitas, tras encontrar a nombre de ellos cuentas bancarias con sumas de dinero muy elevadas con relación al salario que recibían de la empresa.
Vargas explicó que esto se debe a que en una cuenta con firma compartida por los cuatro funcionarios antes mencionados se hicieron depósitos de dineros de la empresa, como era la práctica rutinaria en todas las regionales de la empresa aérea.
Agregó además que ese dinero, que representaba el 15% del total de las ventas de pasajes en La Paz, era utilizado para gasto corriente (pago de salarios, luz, agua, teléfono, alquileres, etc.).
“En el caso de la regional La Paz, como en el resto del país, alrededor del 85% de los ingresos eran inmediatamente enviados, de forma directa, a la oficina central de Santa Cruz, a la cuenta también personal de un funcionario designado en la oficina central”, complementó, durante una visita que hizo a este medio junto a Coca y su abogado.
Dijo que esto explica la existencia de una cuenta personal en la que aparecen montos de dinero por encima del ingreso promedio de los ejecutivos, por lo que aseguró que no cometieron los delitos por los que ahora se les inició un proceso penal.
Se declaró extrañado porque la UIF comience su investigación en este caso en una oficina que manejaba una ínfima cantidad de los recursos de la empresa. “Las cuatro personas detectadas por la UIF en una de las oficinas regionales no somos socios, no somos directores de la compañía, no tenemos cargos de ejecutivo de alto nivel nacional, somos simples empleados de una oficina regional”, complementó Coca.
Según el informe de la UIF, “los cuatro funcionarios presuntamente se encontrarían vinculados al delito de legitimación de ganancias ilícitas previsto y sancionado por el Código Penal en el Art. 185 bis modificado por el Art. 34 de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción”.
