El miércoles, el gerente de Asuntos Legales de Jindal Steel Bolivia (JSB), Jorge Gallardo, informó a La Razón que envió ese día una carta a la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) con las condiciones para retomar las negociaciones con el Gobierno y así dar continuidad al proyecto del Mutún.
Gallardo explicó ayer que reiniciarán las negociaciones con el Ejecutivo si se desiste del proceso, iniciado de oficio por la Fiscalía en contra de sus ejecutivos por ser presuntos responsables del delito de incumplimiento de contrato y teniendo, principalmente, como prueba los resultados de la auditoría hecha a sus inversiones.
“Requerimos seguridad jurídica para operar en el país, y tener una persecución penal contra los inversionistas definitivamente no es un acto de seguridad”, aseguró. Además, solicitó hallar una solución aceptable para ambas partes sobre los $us 18 millones de la segunda boleta ejecutada de “manera ilegal” a JSB debido a la no renovación de la garantía.
Auditoría. Y tercero, precisó, “pedimos que se deje sin efecto cualquier auditoría a las inversiones” de la empresa, porque el Estado no puede garantizar la provisión de 10 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural para la planta siderúrgica.
El 5 de julio, el Ministerio de Minería, la ESM y JSB retomaron las negociaciones para dar continuidad al proyecto, luego de que el 8 de junio Jindal notificara su intención de rescindir el contrato de riesgo compartido suscrito con la ESM. Las observaciones principales eran la falta de un contrato que garantice la provisión de gas para el funcionamiento del complejo y a que no se les entregó el total de las tierras saneadas.
En ese marco, Gallardo recordó que el plazo legal para llegar a un acuerdo con el Gobierno vence el 16 de julio. Caso contrario, dijo, se rescindirá el contrato. “Esperemos que no se dé, porque nosotros estamos dispuestos a negociar en la medida en que se halle una solución a estos tres temas”.
La carta dice que los puntos no son “negociables” para que la firma siga adelante con el proyecto. Afirmó que si dichos puntos se resuelven de forma favorable, se reiniciarían las tratativas con YPFB, que permitiría la firma de un contrato de provisión de gas para el complejo del Mutún.
Amit Kumar, asistente ejecutivo del presidente de Jindal Steel & Power Limited (JSPL), Naveen Jindal, dijo que se puede trabajar con 1 MMmcd a 10 MMmcd de gas, pero con 2,5 MMmcd se haría “un trabajo de forma cómoda; lo que sí tenemos que ver es la factibilidad del proyecto con menos gas para que sea rentable”. Ratificó que la reducción de gas retrasaría y bajaría la producción de acero.
El gerente detalló que se envió una carta a YPFB para conocer la disponibilidad de gas, porque “existe la predisposición de negociar” previa solución de sus peticiones. Gallardo añadió que de forma paralela se discutiría con Minería y la ESM la reconfiguración del proyecto, en función a los volúmenes disponibles de gas natural.
Dichos puntos deberán estar concluidos “en lo posible hasta el 16 de agosto”, dice el documento.
El gerente dijo que se debe llegar a un “acuerdo” entre ambas partes para firmar una “adenda”, que dependerá de la provisión de gas. La carta indica que hasta el 16 de septiembre se “deberá tener la adenda del contrato”, la que será enviada a la Asamblea. En dicho documento, JSB requiere considerar “la protección jurídica de sus inversiones, la garantía de no nacionalización” y resolver sus problemas según lo dispuesto en el contrato y no por vía penal (ver cuadro).
Puntos de la adenda
Peticiones de Jindal
• La protección jurídica de sus inversiones, la garantía de no nacionalización y que se resuelvan los problemas en base a lo dispuesto en el contrato y no por vía penal.
• La comercialización de productos siderúrgicos en el mercado local deberá ser realizada por la empresa Jindal Steel Bolivia (JSB).
• No deben haber limitaciones a las exportaciones de los productos del Mutún.
• Disponer de terrenos en Puerto Busch y tener permiso para construir un puerto para que, de forma conjunta, entre JSB y el Gobierno edifiquen un megapuerto en Puerto Busch (situado en la provincia Germán Busch de Santa Cruz).
• Contar con toda la logística necesaria para el complejo siderúrgico (camino o ferrocarril desde el yacimiento del Mutún a Puerto Busch), el cual deberá ser realizado por el Gobierno en un plazo definido.
• El porcentaje del mineral primario y secundario en la explotación (70/30) debe ser discutido y resuelto.
• La regalía debe ser calculada en base al precio ex mina y no CIF (costo, seguro y flete puesto en el destino convenido) en la China.
• El precio de referencia para precios altos, establecido en la Ley Minera, deberá ser modificado en el mismo valor que el determinado por el contrato.
• Se deberán eliminar impuestos y gravámenes a la importación de los equipos para el proyecto.
• Entrega total de tierras del área del contrato.
• Aprobación de la licencia ambiental para la fase de siderurgia, así como la disponibilidad de agua para el complejo.
• El cronograma del proyecto deberá estar vinculado al cumplimiento de las obligaciones por parte del Gobierno.
• Facilidades migratorias para el ingreso de trabajadores extranjeros al país.
Gobierno sólo negociará con JSB la auditoría
De las tres condiciones que puso Jindal Steel Bolivia (JSB) para quedarse en el país, el Gobierno afirmó que sólo negociará la referida a dejar sin efecto la auditoría realizada a las inversiones de la empresa, informó el viceministro de Minería, Freddy Beltrán.
Beltrán señaló que el Ejecutivo puede discutir con la compañía esa petición, lo que significaría “hacer una auditoría de forma conjunta” o, si ésta no se realizara, “explicar por qué no se la haría de forma inmediata”.
El 11 de abril, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería indicó que la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) contrató a la firma Delta Consult SMS Bolivia para hacer la auditoría a las inversiones de JSB. El 25 de mayo, la Fiscalía señaló que el informe de la auditoría indicaba que JSB efectuó una inversión de $us 12 millones. La firma ratificó ayer que hizo las inversiones comprometidas y que están certificadas.
Sobre el pedido de Jindal para que se levante los procesos en contra de sus ejecutivos, Beltrán ratificó que es una decisión que “no depende del Ejecutivo”. Aseguró que para el Gobierno las boletas ejecutadas a JSB son un tema cerrado porque, si no lo hubiera hecho, las autoridades de la ESM o el Ministerio de Minería enfrentarían un proceso penal por daño económico al Estado.
