La acusación formal presentada por un fiscal contra el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, obliga, de acuerdo con la Ley Marco de Autonomías, a que la Asamblea Legislativa Departamental proceda a la suspensión del Gobernador mientras se sustancie el proceso judicial. El proceso que enfrenta el Gobernador se debe a la utilización de 8 millones de bolivianos para la realización del referéndum autonómico en 2008, que fuera “instruido” por la “Junta Preautonómica”, y que fuera avalada por el Consejo Departamental.
Legalmente no queda duda que la Prefectura en esa época no era competente para transferir recursos a la Corte Electoral para realizar un referéndum; pero también es cierto que gran parte de la sociedad civil cruceña participó de dicha consulta, apoyando la autonomía. Por otra parte, la Constitución Política del Estado vigente desde 2009, en sus artículos finales y transitorios reconoce indirectamente los referéndums autonómicos realizados en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, al señalar que éstos tendrán que ser sometidos a revisión constitucional.
La situación se presenta compleja, por una parte está la legitimidad y por otra la legalidad. El gobernador Rubén Costas y las fuerzas que lo apoyan están apelando a trasladar la lucha al campo de la legitimidad del referéndum; por otra parte, las fuerzas del Gobierno señalan el orden frío de la ley como argumento. Esta encrucijada, que puede resolverse con dilaciones, sin embargo tiene un plazo y un límite, por lo que su desenlace será inevitable.
De darse la suspensión del Gobernador por parte de la Asamblea Legislativa Departamental, existe la posibilidad de una gran conmoción social, que generará un conflicto más para el Gobierno nacional. En el caso contrario, que la destitución no produzca grandes reacciones, será la derrota política del movimiento que lidera Rubén Costas. Otro escenario ulterior puede ser también el que en el juicio el Gobernador sea absuelto, y ocurra, como ya ocurrió con la presidenta del Concejo Municipal, Desirée Bravo, que luego de vencer en la justicia salió fortalecida. En este hipotético caso, el gobernador Costas saldría en mejores condiciones para futuros escenarios electorales.
La suspensión o no del Gobernador cruceño será el tema central de la agenda política de la siguiente semana; y si bien es un hecho de índole departamental, alcanza proyección nacional si se tiene en cuenta que Santa Cruz sigue siendo el bastión de la oposición más importante al gobierno del presidente Morales. En esta coyuntura, la presión en las calles jugará un gran rol, pero además de ello la unidad de las fuerzas regionales en torno a Rubén Costas será gravitante en el resultado final de la pulseta.
