El primero en ser recusado fue el presidente del Tribunal 7° de Sentencia, Claudio Tórrez. Los argumentos que planteó el Ministerio de Gobierno, a través de sus representantes legales, Denis Rodas y Fernando Rivera Tardío, señalan interés en el proceso y amistad íntima o enemistad manifiesta con las partes, causales que se hallan enmarcadas en el artículo 316 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Además, se arguyó que en la audiencia de constitución de tribunal (10 de mayo) y la de apertura de juicio oral (30 de mayo) se vulneraron principios de debido proceso, tutela jurídica y derechos y garantías de la víctima. Se hizo notar que en estos actos tampoco estaban presentes algunos de los acusados ni sus abogados y que esto generaría vicios en el proceso.
Esa recusación debió ser resuelta el miércoles por el juez técnico que asumió la presidencia, Carlos Espinoza, y los tres jueces ciudadanos, pero ese acto no se cumplió debido a la presentación de una nueva recusación.
Esta vez, el Ministerio de Gobierno planteó apartar del proceso a Espinoza, debido a que convocó a una jueza de otro tribunal para que resuelva la recusación en contra de Tórrez. “Con este acto por parte de Espinoza creemos que hay cierta inclinación y cierta parcialidad”, señaló Rivera, en tanto que Espinoza aseguró que ahora debe resolver ambas recusaciones el Tribunal 1° de Sentencia.
“El procedimiento dice que en este momento estamos recusados ambos jueces técnicos”, manifestó Espinoza, además de poner en evidencia que, de acuerdo con los plazos, “es improbable que se dé inicio a la audiencia del 23”.
Para esa cita procesal se notificó a las 39 personas acusadas tras el operativo policial del 16 de abril de 2009, cuando se desbarató a la presunta célula separatista de Eduardo Rózsa. A la audiencia del 30 de mayo se presentaron sólo 15 de los acusados, siete presentaron justificativos de inasistencia y los 17 rebeldes no asistieron.
Se puede convocar a otros jueces
Resolución
La recusación inhabilita a los jueces para dirigir la audiencia del 23 de julio, en Santa Cruz. Si se acepta la recusación contra los jueces, tendría que convocarse a nuevos magistrados.
