El reciente atraco de dos buses en la carretera Apolo-La Paz, frontera con Perú, que el fin de semana provocó la muerte de un pasajero y dejó heridos a otros ocho, ha conmocionado a la opinión pública. Ello debido a que este tipo de hechos, perpetrados con una violencia extrema por grupos criminales bien organizados, no son corrientes en el país.
El primer incidente ocurrió cerca de las 23.30 del sábado, a la altura de la cumbre de Charazani, cuando una veintena de encapuchados a bordo de vehículos y cuadratracks cerraron el paso de un bus que iba de la población de Apolo hacia La Paz. Como el chofer no se detuvo, los delincuentes abrieron fuego contras las llantas y el armazón del motorizado. La pericia y el valor del conductor frustraron el asalto, ya que, a pesar de haber sido herido en la pierna izquierda, logró llegar hasta una población cercana para pedir socorro. No obstante, uno de los pasajeros falleció y varios otros resultaron heridos por los disparos.
Dos horas más tarde, al parecer los mismos forajidos atracaron a otro bus que cubría similar ruta. En esta segunda ocasión lograron interceptar al motorizado, y los pasajeros fueron despojados de sus pertenencias. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) presume que esta banda criminal estaría conformada por delincuentes peruanos y bolivianos, que se organizaron para asaltar a los pasajeros de esa ruta: comerciantes que suelen transportar oro (también se habla de cocaína) o bien elevadas sumas de dinero por la venta del metal precioso. La cercanía de Apolo con la región peruana de Madre de Dios refuerza esta hipótesis.
En efecto, se trata de una localidad fronteriza que (a raíz del boom de los precios internacionales del oro) se ha convertido en una suerte se “salvaje oeste”, donde ocurren accidentes que nadie reporta, asesinatos que no trascienden y abusos de mujeres y niños atrapados en redes de prostitución, trata y trabajo infantil. De hecho, en reiteradas ocasiones, Nadine Heredia, esposa del presidente Ollanta Humala, ha denunciado este problema en distintos foros internacionales, como en el último consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, en junio.
Como puede observarse, estos atracos, al igual que el trabajo infantil y la trata y tráfico de personas, son manifestaciones de una violencia criminal que revela serias debilidades estatales en la región. De allí que, para combatir estos males, urge que el Estado, en ambos lados de la frontera, se vuelva política, económica y socialmente responsable de todo su territorio.
Pues, se sabe, la pobreza y la desatención social inducen a la criminalidad y dan cabida a actividades ilícitas que dañan el medio ambiente y destruyen el tejido social, como la explotación ilegal de metales y el narcotráfico.
