“Nosotros entendemos que la solicitud de salvoconducto que está pretendiendo conseguir (Pinto) de parte de las autoridades competentes, en caso de darse, generará algún tipo de responsabilidad, porque a partir de la Constitución, todos estamos obligados a combatir la corrupción”, advirtió Uribe.
Pinto se encuentra hace 60 días en la Embajada de Brasil en La Paz a la espera del salvoconducto que le permita viajar al vecino país y acogerse a un asilo político, estatus que le otorgó la administración de Dilma Rousseff.
Añadió que los infractores también incurrirán en el delito de incumplimiento de deberes, “porque peligrosamente podría adecuarse, la acción de algún servidor público que no colabore a la lucha contra la corrupción, en la figura de violaciones a la Constitución y, en su caso, al delito de encubrimiento”, argumentó Uribe.
El Gobierno, según la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, no otorgará el salvoconducto al senador Pinto, ya que éste tiene una orden de detención en su contra por un proceso en el que es acusado de corrupción en Pando. Además, tiene abiertos 22 procesos legales por desacato, difamación y corrupción.
La posición de Uribe se asemeja a la de la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, quien hace días afirmó que cualquier autoridad boliviana que autorice el salvoconducto para el senador Pinto incurriría en un delito, por lo cual será procesada en la Justicia.
Caso. Según la ministra Suxo, que el 22 de julio citó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no es lícito dar asilo en legaciones diplomáticas a quienes tengan delitos comunes, que estuvieran procesados o hubieran sido condenados por tribunales ordinarios.
Pinto denunció persecución política, mientras que el Gobierno respondió que el legislador tiene juicios por delitos comunes y no políticos. Además, Suxo retiró la denuncia que interpuso por desacato contra el senador.
Uribe acotó que en el caso de Pinto la Fiscalía cumplirá con su mandato de defender los intereses del Estado. “Se debe entender que en este caso estamos en la lucha contra la corrupción. La Fiscalía será categórica e inflexible en las decisiones y procedimientos a seguir en el futuro”, advirtió. Añadió que los procesos legales en contra del legislador opositor seguirán su curso. “Nosotros vamos a continuar con los procesos en el marco de la ley”, dijo.
Mientras, el excanciller Armando Loaiza consideró que la negativa del Gobierno de otorgar un salvoconducto a Pinto puede generar una crisis en la relación bilateral. “Ya se está produciendo una suerte de impasse, crisis, en las relaciones”, dijo a ANF.
Plantean que sesione vía Skype
El senador Marcelo Antezana (CN) planteó que su correligionario Róger Pinto, asilado en la Embajada de Brasil, utilice la red Skype para participar de las sesiones del Senado.
