El 3 de julio se recuerda el aniversario del nacimiento de Franz Kafka, quien es reconocido por sus célebres obras como Metamorfosis y El proceso. Dicen que no fue buen escritor, sin embargo, nadie dudará del virtuosismo para mostrar la sordidez de la sociedad decadente de principios del siglo XX.
Bolivia, en pleno siglo XXI y con alegorías de cambio, tiene los mismos problemas narrados por Kafka en su novela El proceso: un procedimiento penal escriturado, pueril, lento, ausente de garantías y un permanente estado de zozobra. Similar al que vivió Josef K., personaje principal de la obra, quien desconocía hasta el final cuál fue el motivo de su persecución y las vicisitudes que tuvo que pasar a lo largo de su penoso proceso, con devenir entre abogados, jueces, fiscales y policías, identificando como sesgos del proceso penal a una gruesa pila de expedientes, mordidas negociaciones e inexplicables movidas procesales.
El proceso de Kafka es una ficción, pero en Bolivia irónicamente es una realidad palpable, y miles de Josef K. bolivianos frecuentan nuestros tribunales sin saber cuál es la causa de su proceso y con cierta incertidumbre del resultado final. Para nadie es desconocida la ausencia de garantías judiciales, el bajo nivel profesional de los operadores de Justicia, la retardación y la grosera manipulación política de las instituciones, denotando un retroceso judicial y convirtiendo a Franz Kafka en un cronista vigente.
La declaración del imputado se ha convertido en un medio de acusación y no de defensa, aunque la Constitución Política del Estado señale lo contrario. Pero a esta altura, ¿quién cumple la Constitución? La detención preventiva es una constante y pocos se defienden en libertad. Los fuertes y poderosos siguen siendo dueños de la verdad judicial, y una vez más la pobreza y la debilidad están siendo criminalizadas.
Es inexplicable que en Bolivia se siga aplicando la justicia del siglo pasado, esa que curiosamente reflejó Kafka en su obra. Así lo demuestran las estadísticas de los últimos cinco años: De un total de 270.560 casos ingresados al Ministerio Público, sólo 13.528 (5%) resultaron con sentencia, y apenas 3.517 (1,3%) tuvieron ejecutoria, mientras que 257.032 (95%) casos quedaron en el limbo.
Éste es un fracaso del Estado y particularmente de las instituciones de Justicia. El 83% de los detenidos son preventivos, y apenas el 17% tienen sentencia firme. Una monstruosa realidad que no tiene esperanza de transformarse, por lo menos si persisten las actuales políticas judiciales de cambio. Aunque debo reconocer que el cambio por sí solo es neutral, es anodino, podemos cambiar también para atrás. Los sistemas modernos deben tender siempre a progresar con la vigencia de los derechos humanos, dotándoles a los ciudadanos de garantías efectivas de un debido proceso y a las víctimas de una respuesta inmediata a sus demandas. El proceso penal boliviano es un episodio kafkiano donde para nadie es desconocida la realidad expresada al inicio de El proceso: “Alguien debía de haber hablado mal de Josef K. puesto que, sin que hubiera hecho nada malo, una mañana lo arrestaron”.
