En reiteradas ocasiones, desde este mismo espacio se ha resaltado la importancia de la institucionalización para el buen desempeño de una organización, sea gubernamental o no. Es decir, una institución cuya labor esté supeditada por normas claras, capaces de guiar, de manera continua y con proyección en el tiempo, la labor de sus miembros hacia metas de corto, mediano y largo plazo.
Lamentablemente, en el país son pocas las entidades públicas que manifiestan una cultura organizacional de este tipo, sobre todo en los niveles subnacionales. Claro ejemplo de ello es la crisis que atraviesa el municipio de San Buenaventura, cuyo Comité Cívico secuestró el sábado a la diputada Julia Quisbert (MAS), a modo de presión para que se descongelen las cuentas ediles, actualmente retenidas por irregularidades cometidas por el alcalde suspendido Adalid Carvajal (MAS), a quien se le atribuye el desvío de 2.500 barriles de cemento asfáltico.
Como puede observarse, la falta de institucionalidad en la Alcaldía de San Buenaventura ha dado lugar a actos de corrupción, a la imposibilidad de implementar servicios y ejecutar obras. Pero también a reacciones impulsivas e ilícitas por parte de la población, que además de poner en riesgo la seguridad de una persona no hacen sino agravar la crisis municipal.
