La comisión de fiscales que investiga las jornadas del 24 y 25 de septiembre, en Chaparina (Beni), informó que la resolución que libró a Llorenti tiene dos partes. Una referida al proceso a indígenas que tomaron como rehén al canciller David Choquehuanca y, la otra, sobre el exministro, por la intervención policial a la marcha que se oponía a una vía por el núcleo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Llorenti descalificó la postura del MSM y destacó que se somete a la Justicia “desde el llano”. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, expresó que la separación del exministro del caso podría dar lugar a la impunidad en el país y luego demandó que la exautoridad asuma la responsabilidad sobre este caso. “(Llorenti) no puede deslindar responsabilidades en estos sucesos”, insistió.
El presidente de la subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, dijo a una radio que la decisión “no es jurídica, sino una posición política”. El MSM, a través de su representante legal, Aida Camacho, adelantó que impugnará exclusión de Llorenti de la investigación.
Esa tienda política promueve las denuncias por la intervención policial y por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa brasileña OAS para la apertura de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, con un tramo proyectado por el TIPNIS.
Camacho sostuvo que aún no fueron notificados con la resolución. “El anuncio de esa resolución lo hizo la fiscal de Distrito (Betty Yañíquez) y nos muestra que hubo una interferencia no sólo desde la cabeza del Ministerio Público, sino desde el Órgano Ejecutivo”, manifestó la abogada.
Según la fiscal Patricia Santos, en el caso del presunto “secuestro” del Canciller, no se pudo establecer quiénes fueron los autores del delito. Respecto a Llorenti, indicó que se llegó a determinar que “la cadena de mando se rompió”. Señaló que hubo una contraorden expresa de no intervenir la marcha.
El exministro señala al MSM
El exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, rechazó los cuestionamientos que hay sobre la decisión de la Fiscalía de excluirlo del caso Chaparina, referido a la represión a la VIII marcha indígena; dijo que son voces ligadas a partidos de la derecha.
“Es evidente que todas las voces que reclaman por la decisión de los fiscales están vinculadas a partidos políticos de la derecha, entre ellos el Movimiento Sin Miedo. Se van a oponer a todo, es evidente”, manifestó a La Razón.
La exautoridad aseguró que en la historia de Bolivia él es el primer exministro de Gobierno que se ha sometido a la Justicia Ordinaria “en el más absoluto respeto a la institucionalidad.”
En ese entendido, indicó que mantiene su sometimiento a las instituciones judiciales bolivianas. Llorenti destacó el hecho de que las declaraciones de quienes han sido investigados en el caso, confirman el pronunciamiento de la comisión de fiscales, en sentido de que se rompió la cadena de mando durante la intervención policial a la marcha.
