El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Ayres Britto, declaró abierta la sesión e inmediatamente leyó uno a uno los nombres de todos los acusados de este caso, que trata sobre una supuesta red de sobornos a parlamentarios y financiación ilegal de campañas políticas.
Tras esa lectura, el abogado Marcio Thomas Bastos, defensor de algunos de los acusados y ministro de Justicia durante el Gobierno de Lula, pidió la palabra para solicitar al tribunal que juzgara a cada uno de ellos en forma individual y no en grupo, como se propone el Supremo, lo cual comenzó a ser debatido por los jueces.
Esa petición de Bastos generó la primera gran polémica de este proceso, ya que el juez instructor, Joaquim Barbosa, la desestimó de plano al afirmar que el asunto ya había sido «discutido y decidido».
Sin embargo, el magistrado Ricardo Lewandowski, quien actúa como revisor del caso, se pronunció en favor de Bastos, lo cual irritó a Barbosa, quien consideró una «deslealtad» la posición de su colega. En medio de las discusiones, los jueces dieron inicio a un debate dentro del propio proceso, para determinar en forma definitiva si cabe el recurso presentado por la defensa o si vale la posición que había adoptado el Supremo inicialmente.
Entre los acusados hay miembros del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Lula y la actual presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y de otras formaciones de la actual coalición de Gobierno.
Estas son el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Partido Progresista (PP), el Partido Laborista Brasileño (PTB) y el Partido de la República (PR), nacido en 2006 tras la desaparición del Partido Liberal (PL), uno de los más implicados en la trama.
Entre los procesados también aparecen tres exdirectivos del Banco Rural (privado) y otro del Banco do Brasil (público), tres operadores del mercado financiero, un exfuncionario del Ministerio del Trabajo y ocho empresarios del ramo de la publicidad.
El Supremo ha calculado que el proceso, que en su totalidad se transmitirá por televisión, demandará por lo menos quince sesiones hasta llegar al momento de la sentencia, que se prevé para mediados de septiembre próximo.
