El ejecutivo del magisterio urbano de Bolivia, Federico Pinaya, dijo que no observan el decreto en su totalidad pues consideran que la norma protege a los estudiantes, pero cuestionan que a sola denuncia de violencia, física, psicológica o sexual, el profesor o administrativo sea suspendido y su salario congelado, lo que es violar la presunción de inocencia
“No admitimos que en el intento de salvaguardar la seguridad física y moral de los alumnos se desate una cacería de brujas. Puede haber muchachos mal formados que en su intento de esconder un aplazo acusen al maestro de agresor. Por ello, haremos una representación ante el Ministerio de Educación para pedir que se anule el artículo 3”, sostuvo.
El Presidente emitió el Decreto 1302 que en su artículo 3, parágrafos I y II, indica que director, profesor o administrativo imputado por agresión física o psicológica a estudiantes debe ser suspendido sin goce de haberes mientras se investiga el caso. Esta figura, según los maestros, vulnera derechos constitucionales y pactos internacionales (ver cuadro).
Casos. Pinaya hizo notar que en algunos casos los propios padres concilian con los supuestos agresores en lugar de llevar el tema a la Justicia. “Muchos casos quedan en nada porque la familia es humilde, los chantajean o presionan y terminan abandonando el juicio o transando con el agresor. Vamos a hacer resistencia a un artículo, pero reconocemos que el resto del texto es bueno”, dijo.
El presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia, Franklin Gutiérrez, indicó que hay padres que pactan con el agresor y cree que el decreto eliminará ese tipo de acciones. “En muchos casos el agresor escapa y la agresión al niño queda en nada; en otros, el padre, por factor económico o falta de tiempo para seguir el proceso, lo deja pasar. Por eso se pidió que Educación asuma la responsabilidad hasta la sanción”.
Presunción de inocencia en 2 normas
Constitución política del Estado
Artículo 116, parágrafo I indica: “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”.
Pacto de San José de Costa Rica
El Estado de Bolivia es signatario de este pacto en cuyo artículo 8, parágrafo II establece: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”.
