La CIDH urgió hoy a aplicar una moratoria a las ejecuciones como paso hacia la eliminación de la pena de muerte en toda América, y condenó el trato «cruel, inhumano y degradante» a los presos que esperan en el corredor de la muerte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy su informe «La pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos: de restricciones a abolición», en el que analiza esa práctica en nueve países de la región: Barbados, Cuba, EE.UU., Guatemala, Guyana, Granada, Jamaica, Las Bahamas y Trinidad y Tobago.
«A la luz del objetivo de eliminar gradualmente la pena de muerte en el sistema interamericano, la Comisión Interamericana insta a los Estados Miembros de la OEA que mantienen la pena de muerte a eliminarla o, en su defecto, a imponer una moratoria en su aplicación», señaló el organismo en un comunicado.
El informe detecta «cambios significativos» en la región en ese sentido, como las reformas dirigidas a restringir los tipos penales en los que puede aplicarse la pena capital, que «está siendo cada vez más cuestionada en los países que la mantienen».
Sin embargo, el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) continúa preocupado por la persistencia de los llamados «corredores de la muerte», que en muchos casos se rigen por «una legislación y proceso judicial contrarios a la Convención Americana».
«El ‘fenómeno del corredor de la muerte’, el cual consiste en un período prolongado de detención en espera de una ejecución, constituye un tratamiento cruel, inhumano y degradante», indicó la CIDH.
Además, el organismo lamentó que Estados miembros de la OEA hayan «ejecutado en los últimos 15 años a personas sentenciadas a muerte incumpliendo medidas cautelares otorgadas por la Comisión o medidas provisionales otorgadas por la Corte» Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
En concreto, destaca el caso del mexicano Humberto Leal García, ejecutado en Texas (EE.UU.) el 7 de julio de 2011 pese a los reclamos de la CIDH, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el propio Gobierno de Barack Obama debido a que el preso no había recibido atención consular, como obliga la Convención de Viena.
También recoge la ejecución en Cuba en 2003 de Lorenzo Enrique Copello, uno de los tres secuestradores de una lancha que buscaban huir a Estados Unidos, y la imposición de la pena de muerte a Fermín Ramírez en 1998 en Guatemala, supuestamente sin que hubiera tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa.
Tanto Guatemala como Cuba mantienen una moratoria a la aplicación de la pena de muerte, desde 2000 y 2003, respectivamente.
Junto a esa medida, la CIDH recomienda a los Estados ratificar el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, y
«abstenerse de adoptar medidas que busquen la extensión de la aplicación de la pena de muerte o su reincorporación».
También pide «adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento con los más estrictos estándares del debido proceso en casos que involucran la aplicación de la pena capital» y para garantizar «que los estándares del derecho interno satisfagan el más riguroso nivel de examen aplicable a los casos de pena de muerte».
Por último, urge a asegurar el «cumplimiento integral de las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericanas», específicamente de las decisiones sobre casos individuales.
