La Asamblea General aprobó hoy por amplia mayoría una resolución de condena del régimen de Bachar al Asad, con apoyo de 133 países, incluidos la mayoría de naciones latinoamericanas, 12 en contra y 31 abstenciones, incluido Ecuador.
El embajador de Cuba ante la ONU, Pedro Núñez Mosquera, señaló en su intervención antes de votar que la resolución es «desequilibrada» porque puede «abrir la puerta a una intervención extranjera» de la que, según dijo, «tenemos ya experiencia en el pasado reciente».
«Necesitamos el cese de todos los actos de violencia, de las masacres y también de los actos terroristas que se cobran vidas inocentes en Siria, por lo que se necesita detener la transferencia de armas y dinero a los grupos insurgentes», añadió.
El diplomático cubano responsabilizó de esas prácticas a «Estados Unidos y sus aliados europeos», que cuentan con «políticas dedicadas a cambiar regímenes» que se traducen su objetivo de «derrotar por la fuerza a gobiernos soberanos».
Cuba también acusó de «manipulación» al «emporio mediático occidental», que cubre el conflicto en Siria, según dijo el embajador, «con propósitos políticos que incitan un brutal baño de sangre».
Por su parte, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, dijo que la resolución no es objetiva y constituye una intervención en los asuntos internos de un estado «soberano e independiente».
Asimismo, lamentó que el texto describa una «larga lista» de violaciones de derechos humanos «atribuidos al Gobierno de Siria», pero «minimice u oculte los crímenes cometidos por los grupos terroristas y por la oposición armada».
Para Caracas, la única «opción viable» es un diálogo político «sincero e inclusivo» en el que, según indicó, se niega a participar la oposición, a la que acusó de «practicar o apoyar» el terrorismo y que sobrevive «gracias al apoyo foráneo».
Así, tras respaldar «todas las iniciativas orientadas a la búsqueda de la paz», lamentó la renuncia del enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annna, cuyo plan de seis puntos, dijo, «conserva toda su vigencia».
«Los guerreristas y los que apuestan por la intervención militar sabotearon sus gestiones de paz», añadió el embajador venezolano, quien reiteró que su gobierno comparte las posiciones asumidas por Rusia y China.
Por su parte, el embajador boliviano, Rafael Archondo, reconoció que la ONU debe actuar para frenar la crisis, pero alertó de que «hay claros límites» a esa acción dentro de la Carta de Naciones Unidas, a la que la resolución de este viernes es «contraria».
«Esta resolución simplemente empeora el problema», añadió el diplomático boliviano, quien señaló que «abre un camino equivocado» ya que su propósito «no es cesar la violencia sino derrocar al Gobierno de Damasco».
Ecuador, que votó en contra de la anterior resolución en febrero, se abstuvo en esta ocasión, una opción que su embajador ante la ONU, Diego Morejón, sustentó en que «la resolución no contempla de manera equitativa la responsabilidad de todas las partes».
Morejón condenó «las graves violaciones de los derechos humanos» en Siria «independientemente de donde vengan», y pidió consecuencias para sus autores y para quien provee «armas a todos los sectores (del conflicto), incluidos los grupos terroristas».
La resolución recibió el voto afirmativo, además de España, de un amplio número de naciones latinoamericanas, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
«Apoyamos la resolución porque pide con urgencia un alto el fuego y el fin de la violencia y porque creemos que la Asamblea General no puede permanecer en silencio ante la escalada de violencia en Siria», dijo la embajadora adjunta de Brasil, Regina María Cordeiro.
Por su parte, el embajador chileno, Octavio Errázuriz, se unió a las muestras de pesar por la renuncia de Annan, sumó su apoyo a la resolución e instó al Consejo de Seguridad a «cumplir un rol determinante y urgente» en la resolución del conflicto.
Las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, pero no pueden ser vetadas por ningún país, contrariamente a lo que ocurre en el seno del Consejo de Seguridad, donde sus cinco miembros permanentes tienen derecho a veto.
