Así se desprende de documentos hasta ahora inéditos, los cuales revelan la forma en que actuaba la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) para obtener y manejar información a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y sus legaciones en otros países.
Algunos de estos documentos, que están depositados en el Museo de la Memoria de Santiago, se refieren a la llamada Operación Colombo, un montaje organizado en 1975 para encubrir la desaparición de 119 militantes de izquierda de quienes se dijo que habían muerto en purgas internas.
Para ello, la dictadura contó con la complicidad de algunos medios chilenos que reprodujeron informaciones divulgadas por las revistas Lea, en Argentina, y Novo O’Día, en Brasil, en la que, según se supo después, fue la única edición de ambas publicaciones.
En una nota fechada el 10 de enero de 1977, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile comunicó a la Dina que las autoridades argentinas, entonces también bajo una dictadura, desmentían la versión de Chile.
“Las autoridades argentinas han comunicado que Lea no es una publicación que circule en la República Argentina, que en el local de la calle Brandsen 1845 no ha existido nunca la redacción de la citada revista, que en los registros de la Policía Federal no se han registrado ni se poseen antecedentes de esas 119 personas”, señala.
Datos. “La Policía Federal argentina ha manifestado que es inconcebible que un suceso de tal magnitud hubiese ocurrido en la República sin que los organismos competentes tomaran conocimiento”, agrega la misiva que pedía una respuesta a esas afirmaciones para transmitirla a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hay otros ejemplos como el documento fechado en marzo de 1977 y enviado a la Cancillería donde se pedía información sobre la Comisión Exterior de la Central Unitaria de Trabajadores que, según indicaba, había instalado un representante en Toronto (Canadá). Durante la dictadura de Augusto Pinochet, unas 3.200 personas fallecieron, de las que un millar siguen desaparecidas, y otras 38 mil fueron torturadas o sufrieron prisión política o tortura, según los registros oficiales.
Usaron familiares para negar desaparecidos
La dictadura de Augusto Pinochet requirió declaraciones a ciudadanos chilenos que certificaban que sus parientes, víctimas también de la represión, se encontraban en el extranjero, con el fin de desacreditar la existencia de detenidos desaparecidos.
Así consta en una carta fechada el 11 de abril de 1977, enviada por el entonces director de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), Manuel Contreras, ahora en prisión, al Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Adjunto al presente oficio, se remiten en memorándum s/n, relación de declaraciones personales de 14 individuos y 11 declaraciones juradas, en la cual familiares certifican ante notario que sus parientes se encuentran en el extranjero”, se indica.
Se desconoce si es cierto que en todos los casos los aludidos se encontraban efectivamente con vida y en el extranjero, así como el procedimiento y los motivos precisos que llevaron a las autoridades a recabar este tipo de declaraciones, inéditas hasta ahora.
