La política de la subordinación es una práctica que ha resistido la prueba del tiempo, expresión de la cual es su notoria vigencia en la Bolivia del cambio. Tal práctica, inherente a las sociedades divididas y fragmentadas, consiste en el dominio por parte de quienes gozan de recursos políticos y económicos sobre la voluntad de los sectores desposeídos, en función de medidas que convierten a estos últimos en leales seguidores de los primeros.
Las relaciones de subordinación suponen, en ese sentido, un lastre colonial, pues ellas constituían el fundamento de una estructura basada no únicamente en el saqueo y la expoliación, sino también en la “protección” del indio, por parte del patrón, a través del pongueaje. El movimiento independentista encontró precisamente su apoyo en esas relaciones, sólo que en este caso la subordinación fue doble; pues los independentistas proclamaron la emancipación declarándole su lealtad al rey, y los marginados fueron parte del ejército en función de su lealtad al patrón o con el objetivo de obtener beneficios de éste.
La República derivó de ese modo en un sistema oligárquico en el que la política de la subordinación, ejercida a través del servilismo; dejó al margen a muchos otros impedidos incluso de circular libremente por las calles. Esto hizo que caudillos populistas, como Manuel Isidoro Belzu, practicaran abiertamente la política de la subordinación con los sectores marginados, de quienes se consideraron más su amigo, que de los ricos.
La política de la subordinación fue practicada indistintamente por liberales y conservadores, quienes en su búsqueda del control del Estado pervirtieron, sin embargo, dicha práctica, cuando a la venta de ilusiones a los sectores desposeídos sucedió el levantamiento de Pablo Zárate Willka, ejecutado tras ser acusado de asesino (de blancos) y sedicioso.
La política de la subordinación resistió incluso a la debacle de la oligarquía, sobre todo debido al suceso de la Guerra del Chaco, en el que los sectores marginados formaron parte del ejército para defender a la nación, que no suponía más que la defensa de los intereses de las clases dominantes. Y no hubo manifestación más clara de la política de la subordinación que el ejercido por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, en el periodo de la revolución de 1952, ya que a través de la política de concesiones, éste generó una masa leal a sus políticas dispuesta incluso a su defensa, a través de las células revolucionarias.
El Pacto Militar Campesino, establecido en el preludio del periodo dictatorial, representó también la práctica de la política de la subordinación, como factor legitimador de la dominación de una minoría. Por eso, en la etapa democrática, Hernán Siles Zuazo también buscó la subordinación del proletariado. Pero esto tuvo un desenlace inesperado cuando, a través de la Marcha por la Vida, los mineros demandaron la renuncia del líder.
En el escenario actual, la política de la subordinación se manifiesta a través de la insistente convocatoria del Gobierno a los movimientos sociales para la defensa del proceso de cambio, que de ser encaminado “correctamente” debería defenderse por sí solo. Es más, en función de esa práctica, el Gobierno se autoconsideró como un gobierno de los movimientos sociales, cuando realmente configuró un corporativismo sectorial con las organizaciones más afines a sus políticas.
El costo de esa práctica ha sido el asalto de la autonomía y el desgaste de ciertas organizaciones, sumado a que la defensa del proceso supone la defensa del Gobierno sin discriminar a sus agentes entre buenos ni malos, y sin diferenciar las prácticas nocivas ni beneficiosas al supuesto proceso de descolonización.
