Bolivia empezó a ser sujeto de una inusual presión por parte de Estados Unidos, con la amenaza de Washington de negar visado a altos funcionarios del gobierno boliviano para viajar al país del norte, como consecuencia del demorado caso judicial de Jacob Ostreicher.
Una propuesta de resolución fue introducida la semana pasada por el congresista republicano y presidente de la Subcomisión de Relaciones Exteriores para Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Chris Smith, durante una audiencia en la que casi exclusivamente se vio el caso del estadounidense detenido en Santa Cruz desde hace más de un año y con un proceso postergado en 22 ocasiones.
En caso de persistir el retraso u ocurrir algo a la vida de Ostreicher en la prisión de Palmasola, la propuesta de Smith pretende negar visado a todos los altos funcionarios del gobierno de Evo Morales y del poder judicial que estén relacionados con el caso e impedirles viajar a Estados Unidos.
«Estamos sorprendidos» por la intención de alta presión, declaró en Washington a la Agencia de Noticias Fides (ANF) un funcionario de la embajada boliviana que no ocultó «la preocupación» por el giro que ha tomado por el caso, aunque aclaró que la embajada de Estados Unidos y las autoridades en La Paz continúan en contacto sobre el caso.
Una vez presentada la propuesta ante el subcomité, el proyecto continuará en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, para posteriormente pasar al plenario para su voto que, en este caso se prevé no tendría ningún obstáculo en su trámite, lo mismo que en el Senado. Una vez aprobada la resolución por ambas cámaras el gobierno tiene la obligación de ejecutar.
La iniciativa de Smith tiene el respaldo del senador demócrata Charles Schumer y ya logró eco en algunos medios de influencia, como The Wall Street Journal, que ya se interesaron por el problema del estadounidense al que la fiscalía boliviana le atribuye lavado de dinero del narcotráfico pero sin presentar pruebas contundentes.
El plan de Smith tiene una tendencia genérica a favor de los estadounidenses sometidos a juicios en el extranjero y cuyos procesos se mantienen demorados, pero en la audiencia del pasado 2 de agosto el subcomité puso énfasis en el caso boliviano.
La presión legislativa no sólo está orientada hacia el gobierno de La Paz sino también al Departamento de Estado, a cuyos altos funcionarios se les critica por una supuesta inacción en el caso de Ostreicher y su falta de comparecencia en la audiencia de la semana pasada.
En la audiencia del subcomité se dijo que el gobierno de Bolivia estaría buscando un canje del estadounidense por el general René Sanabria que cumple una sentencia de 14 años en una prisión en Miami por narcotráfico.
Smith declaró en la audiencia que durante una visita a Bolivia se entrevistó con el vicecanciller Carlos Alurralde y los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Justicia, Cecilia Ayllón, que se comprometieron a dar seguimiento al caso, pero «no lo hicieron».
Tanto Smith como Schumer acusan al gobierno de La Paz de «interferir en el caso» por el retraso en proceso judicial después del arresto de Ostreicher el tres de junio de 1911.
«Si Ostreicher muere en prisión de Palmasola, el gobierno de Bolivia y el Departamento de Estado tendrán manchadas de sangre sus manos», declaró Steve Moore, agente del FBI que visitó al preso en Palmasola y testimonió en la audiencia.
Smith afirmó que «jueces corruptos» contribuyen al retraso e informó en la audiencia que visitó al preso en junio pasado y lo encontró «frágil y débil» por lo que instó a actuar no simplemente «monitorear el caso».
En la audiencia se informó que Ostreicher cumplió una huelga de hambre en busca de celeridad para su caso sin lograr su objetivo, su salud está quebrantada y los responsables del penal le niegan asistencia médica a pesar de las reiteradas solicitudes.
