En la primera sesión se presentó la ponencia de Carlos Solís, investigador en economía ambiental que trabaja con la ONG Conservation Strategy Fund en proyectos relacionados con el desarrollo sostenible. En el pasado colaboró con múltiples ONG nacionales e internacionales y agencias de la cooperación internacional.
El planteamiento de Solís partió de una reflexión sobre los resultados alcanzados en la Conferencia Río+20 con relación a las críticas de los temas discutidos en el proceso del Gobierno boliviano, y la incidencia de la posición adoptada en el documento final que fue aprobado por los representantes de más de 190 naciones. El debate se realizó con un auditorio compuesto por profesionales bolivianos, economistas, agrónomos y expertos en comercio internacional y ex autoridades.
Solís afirmó que “es poco probable que el Gobierno boliviano pueda convencer a la comunidad internacional de abandonar el sistema político-económico vigente. Por tanto, resulta importante que se replantee la forma en que se encara el proceso. Un nuevo enfoque permitiría aumentar la influencia de la propuesta boliviana y contribuir a plasmar la visión del Gobierno en el interior del país, para beneficio de todos los actores involucrados”.
Al respecto, varias opiniones coincidieron en que la participación de Bolivia no tiene gran influencia en este tipo de eventos. Uno, porque la delegación es pequeña; dos, porque las conclusiones de Río+20, y de otros eventos similares, no son vinculantes a las políticas de los gobiernos. Si quiere puede hacer algo para cuidar el medio ambiente para los actuales y futuros pobladores del planeta.
Bolivia debe seguir haciendo escuchar su voz a pesar de los obstáculos políticos y económicos que enfrenta el mundo, enfatizó la comentarista Elizabeth Peredo. “Sin embargo, el tono y el contenido del discurso deben modificarse. Debería ser menos confrontacional”, criticó Solís.
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, Bolivia obtuvo algunos logros en Río+20, y los difunde en un boletín: “1. Se ha logrado incluir los conceptos de Madre Tierra y Derechos de la Naturaleza como expresiones que son usadas en varios países en el mundo para referirse a la naturaleza y sus derechos. 2. Se establece que para lograr el desarrollo sostenible se debe promover la armonía con la naturaleza”.
Respecto a la economía verde, debatida en la Conferencia Río+20, criticaron el concepto. “La economía verde convierte la fuente de vida de todas las generaciones en un bien privado para el beneficio de unas cuantas personas, al dar réditos económicos por la naturaleza”, planteaba en su discurso el presidente Evo Morales, en el evento mundial.
Al respecto, el economista Flavio Machicado puntualizó que “hay que pensar que uno de los grandes problemas no es el capitalismo sino el mercantilismo”. Recordó que en la década de 1960 participó en la primera Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), realizada en Ginebra, cuando el mundo buscaba mecanismos para eliminar los aranceles y promover el comercio para activar la economía europea. “El mundo socialista (URSS) y capitalista (EEUU) tenían el mismo discurso: de dónde sacar mayor rentabilidad sobre los recursos. En esa época no se hablaba de economía verde sino de revolución verde”, precisó. Usar el suelo con tecnología para una mayor productividad, era considerado un paradigma fundamental para el tema del hambre, enfatizó y luego advirtió que “no podemos fincar nuestro futuro en la hipocresía internacional. Además, hay que tomar en cuenta que el hombre es un depredador”.
Frente a ello, el economista Juan Brun, que realizó un estudio para la Conferencia de Río 92, manifestó que la educación y la institucionalidad puede generar un cambio. Su ejemplo: en la ciudad de La Paz ya no se quema en la fiesta de San Juan.
“Teorizamos sobre el capital natural y nos perdemos en las críticas, cuando en nuestro frente tenemos problemas que no queremos ver, y la coyuntura política nos abraza y sólo hablamos del TIPNIS, cuando hay estudios ambientales sobre Oruro, Potosí y La Paz que muestran que están tremendamente contaminadas por la minería (…) o la ciudad de El Alto, cuyas aguas servidas contaminan las aguas que van al lago Titicaca”, enumeró Brun.
Ningún país tiene obligación de seguir el mandato de río+20
Carlos Solís subraya en el análisis presentado en la primera sesión de la Mesa de Debate Económico de la Fundación Friedrich Ebert que: “El documento El futuro que queremos consensuado en Río+20, al igual que tantos otros documentos obtenidos en conferencias previas relacionadas al medio ambiente, no tiene una cualidad vinculante para los países signatarios. Esto significa que los países no tienen obligación alguna de seguir los mandatos, por tanto, su importancia radica, sobre todo, en ofrecer una declaración de principios que puedan guiar a la humanidad hacia un mejor futuro, mostrar el cariz del discurso dominante en el escenario global respecto a en qué consiste un futuro mejor y cuál es el mejor camino para alcanzarlo y servir como guía a los criterios que se implementarán para la cooperación internacional y el manejo de fondos globales en el futuro próximo. La maduración de una institucionalidad global que permita establecer acuerdos internacionales de cumplimiento obligatorio, es un reto pendiente para la humanidad.
