El director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, impulsa la puesta en marcha de una política del indulto para liberar al menos a 5.000 presos, entre ellos a los encarcelados por narcotráfico con sentencias mínimas, a “primerizos” en la comisión de un delito, ancianos y a mujeres con niños menores. La iniciativa tiene apoyo en el Gobierno, adelantó.
La propuesta apunta a resolver la problemática del hacinamiento en las cárceles, que hasta el momento tienen 13.500 privados de libertad, pero también ofrecer a estas personas una “segunda oportunidad”, explicó Llanos, quien adelantó que la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, aceptó la iniciativa y que autoridades del Ministerios de Gobierno la analizan.
Entre los beneficiarios estarían las personas encarceladas por delitos de narcotráfico con penas de hasta 12 años de cárcel. “Lo que queremos es que campesinos indígena originarios, gente pobre a quienes les ponen fianzas de hasta 150 mil boliviano (para defenderse en libertad) se vayan, quiero, personalmente que se vayan. Son gente del campo que ha sido engañada y engatusada, son los que se denominan mulas (transporte de droga)”, sostuvo.
La iniciativa también alcanzaría a las personas encarceladas por la comisión de un delito, aquellos con sentencias mínimas, los ancianos y las mujeres con niños, aunque cada uno de los casos merecerá un estudio y análisis particular. Asimismo abrió la posibilidad de estudiar los casos de aquellos presos con sentencias de 30 años de cárcel.
La máxima condena en Bolivia es de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para aquellas personas acusadas y sentenciadas por asesinato con agravantes. El Código Penal también prevé condenas de uno a cinco años para el hurto (apropiación ilegítima) y de tres a 10 años para robo y robo agravado (apropiación con violencia).
De acuerdo a la Constitución Política del Estado, el Presidente del Estado puede “decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional”. Llanos consideró que la medida es, sobre todo una iniciativa del Ejecutivo y que de aprobarse, su aplicación será progresiva.
“Habrá un plazo de 120 días para que la gente vaya preparando su documentación y beneficiándose con este indulto”, explicó.
