El Gobierno de Bolivia tildó hoy como una «abusiva agresión» la propuesta de un congresista de EE.UU. para que se niegue el visado a funcionarios bolivianos por los retrasos de la justicia en el caso del empresario estadounidense Jacob Ostreicher, detenido desde 2011 por supuestos vínculos con el narcotráfico.
El abogado de Ostreicher, Jimmy Montaño, explicó hoy a Efe que la propuesta, presentada por el congresista republicano estadounidense Christopher Smith, implica la negación de visas a altos funcionarios del Gobierno de Evo Morales, pero además a empleados del poder judicial y la Fiscalía que estén vinculados con el caso.
«Ese proyecto de resolución es una más de las (…) abusivas agresiones de la que es objeto nuestro país por parte de una gran potencia imperial. Yo lamento que se les haya ocurrido semejante idea», dijo al respecto el vicepresidente del país, Álvaro García Linera.
En una rueda de prensa en La Paz, agregó que en EE.UU. «muy bien saben» que Ostreicher «está acusado de lavado de dinero vinculado al narcotráfico».
«Se desgarran las vestiduras con el tema del narcotráfico, pero cuando son sus ciudadanos, el Gobierno (estadounidense) ahora quiere sancionarnos a nosotros», afirmó García Linera.
La prensa nacional publicó hoy que esa propuesta fue presentada por Smith, que visitó a su compatriota en una cárcel boliviana en junio pasado.
Ostreicher llegó a Bolivia en 2008 para invertir 26 millones de dólares en la producción de arroz en la región de Santa Cruz (este).
La policía lo arrestó en junio de 2011, cuando la Fiscalía abrió una investigación por una presunta legitimación de ganancias ilícitas, porque dos brasileños a quienes les compró inmuebles la administradora colombiana de Ostreicher, Claudia Liliana Rodríguez, estaban supuestamente vinculados con el narcotráfico.
El caso ha sufrido varios retrasos en la Justicia boliviana que han sido denunciados por los abogados y el mismo Smith.
«Claro que hay retardación de justicia y lo lamentamos mucho como Gobierno», admitió García Linera, pero dijo que no solo el caso del estadounidense sufre retrasos, sino también los de bolivianos.
Agregó que «la administración política norteamericana» no tiene moral para hacer reclamos en temas de justicia porque desde hace ocho años «protege y cobija» al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de masacre en Bolivia por la muerte de más de sesenta personas durante su segundo gobierno (2002-2003).
Montaño insistió en que no hay una acusación formal contra Ostreicher y sostuvo que el vicepresidente fue «mal informado por los funcionarios que se dedican a obstruir el proceso».
Ostreicher está internado con custodia policial desde el sábado en una clínica privada de Santa Cruz, pues su salud se deterioró por la huelga de hambre de seis semanas que efectuó entre abril y junio, y se prevé que vuelva al penal de Palmasola en las próximas horas, según su abogado.
