El presidente de la Subcentral de TIPNIS, Fernando Vargas, y la dirigente de la IX marcha, Bertha Bejarano, coincidieron en señalar que no temen a los procesos que se les inicie por defender su territorio, aunque afirmaron que no fueron notificados con ninguna citación a declarar, por lo que no ven razón para que la Fiscalía active mandamientos de apremio en su contra.
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, informó ayer que algunos dirigentes indígenas, entre ellos Vargas, tienen mandamientos de apremio, pero no aclaró si la acción legal es a causa de la resistencia a la consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Para Vargas, no existe razón para procesos en su contra o la de sus compañeros, porque lo único que hacen es defender su territorio con acciones pacíficas. “Lo voy a encarar (al ministro Sánchez) en la Subcentral del TIPNIS para que no se diga que estoy escapándome de la justicia”, afirmó en una entrevista con el informativo de la mañana de Cadena A.
“Nosotros como movimiento indígena del TIPNIS y como habitante de este territorio, sabíamos que esto iba a pasar”, señaló, mientras que Bejarano, quien también formó parte de la marcha en demanda de la anulación de la ley de consulta, afirmó que no temen a las acciones judiciales porque consideró que no cometió ningún delito.
Vargas y Bejarano, junto a otros dirigentes indígenas, lideraron la IX marcha desde Trinidad a La Paz en rechaza a la ley 222 de consulta en el parque para levantar el carácter intangible del territorio y viabilizar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La movilización no logró su objetivo y la resistencia fue trasladada a sus lugares de origen.
“A mí no se me ha dado ninguna citación, por lo tanto, enviar esta acción (apremio) es demostrar un atropello a los derechos individuales como ciudadano”, aseguró Vargas.
Gundonovia en el centro de operaciones de la resistencia en el parque. Los indígenas “bloquean” los ríos de la zona para evitar que las brigadas lleguen a las comunidades para recoger su posición respecto a la suerte de la carretera. El proceso debe llegar a 69 comunidades, de las que 18, según el Gobierno, habría dado su apoyo a la construcción de la carretera por medio de su territorio.
