“En una elección nacional, cuando las personas obstaculizan ese acto electoral, tienen que ser objeto de la intervención del Ministerio Público. Lo mismo ocurre acá. Se los acusaría de obstaculizar el ejercicio democrático de las comunidades a la consulta”, dijo.
Quintana afirmó que deben ser las autoridades naturales (fiscales) las que deben intervenir “de oficio” contra indígenas o extranjeros que impidan la consulta. En respuesta, dirigentes indígenas aseguraron que el Ejecutivo ahora usa la Justicia para amedrentarlos. Para ellos, la resistencia es legal y legítima.
“Es un riesgo que corremos los pueblos indígenas de que nos amedrenten; es legal la resistencia por el ejercicio de la libre determinación, no se puede obligar a los indígenas a acatar una norma que es ilegal ya que la Ley 222 de Consulta debe ser consensuada para ser aplicada”, explicó Rafael Quispe, dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). La dirigente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (Cepib), Nazareth Flores, señaló que el Gobierno inició una persecución a los líderes indígenas.
La senadora Carmen Eva Gonzales (CN) expresó que “se vive un estado de indefensión porque se viola los derechos fundamentales de los indígenas de tierras bajas”. Con respecto a la consulta, la coordinadora de las Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa, manifestó su preocupación sobre el proceso: “En el tema de la consulta, sí nos parece preocupante que un proceso que en principio debe ser de diálogo, de búsqueda de acuerdos, más bien esté generando polémica y conflictos”.
En el ámbito de la Justicia, ANF señaló que ayer los indígenas apelaron el fallo de la Sala Civil 1ª de La Paz, que rechazó el amparo judicial contra la consulta interpuesto por el dirigente del TIPNIS, Fernando Vargas.
Reforzarán las vigilias
La dirigente de la Cepib, Nazareth Flores, anunció que a partir del 15 de agosto los indígenas que son parte de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), liderada por Adolfo Chávez, ingresarán a reforzar la resistencia en el TIPNIS. El objetivo es masificar las vigilias y bloqueos en el marco de la resistencia a la consulta en la región.
“Hay seis puntos de resistencia en el TIPNIS para que no entre nadie a las comunidades; el alambrado sólo es en Gundonovia y en el resto hay vigilias. Después del 15 (de agosto) la Cidob y las regionales iremos a reforzar la resistencia”, afirmó.
La dirigente indicó que entre el 15 y 16 de agosto, en Santa Cruz de la Sierra, se realizará la Comisión Nacional de la Cidob, en la que, además de abordar el tema de la consulta, se analizará la situación orgánica de ese sector y las proyecciones del movimiento indígena.
Gobernación abre causa a dirigentes por sedición
El secretario de Justicia de la Gobernación del Beni, Sócrates Llápiz, informó que ayer jueves fue presentada una denuncia al Ministerio Público contra dos dirigentes indígenas de la comunidad de Gundonovia, por los supuestos delitos de sedición e instigación pública a delinquir. “Están coartando el trabajo de las brigadas del Tribunal Supremo Electoral en el marco de la Ley 222”, dijo. Los denunciados son el corregidor de Gundonovia Simón Noza y Ovidio Teco.
Llápiz añadió que también se denunció a personas extranjeras por un supuesto secuestro y acciones violentas en la acción de resistencia a la consulta. “También se tomó la determinación de poner en conocimiento de Migración, para determinar la legalidad de la permanencia de ellos”.
Por su lado, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que hay exdirigentes que tienen cuentas pendientes con la Justicia, quienes hoy están interfiriendo con la consulta en el TIPNIS; mencionó a Adolfo Moye y a Miriam Yubanore. Esta última rechazó la acusación: “Que el ministro revise bien; se hicieron los descargos del dinero y los proyectos durante la gestión del gobernador Ernesto Suárez”.
