Los medios del Estado no son los de antes en términos técnicos, pero son manejados como antes: desde la lógica de la política. La información no es vista como un bien social que debe responder a los intereses de la sociedad, sino como un instrumento para la defensa del Gobierno y el ataque al adversario. Por su carácter, no pueden ser comparados con los medios privados, aunque sí puede atribuírseles principios comunes que marcan su nivel de influencia; por ejemplo, la credibilidad.
Los medios estatales, desde su nacimiento, están en desventaja frente a sus opuestos cuando se habla de credibilidad, porque en el imaginario social ya tienen una carga política; justamente por ello, su desafío debiera ser desprenderse de ese estigma y dejar de informar bajo la lógica del pasado, donde todo lo que hacía el Gobierno estaba bien, y mal todo aquello que hacía o dejaba de hacer el adversario político o social.
El Estado somos todos y por consiguiente los medios del Estado son de todos, independientemente de la línea política, condición social o económica de cada uno de los bolivianos. Bajo esta lógica, debieran responder a los intereses de todos y no de un sector o grupo, ya sea del Gobierno o de sus aliados, como lo reafirman sus propios objetivos.
La Red Patria Nueva tiene por objetivo “coadyuvar y consolidar los medios de comunicación radial y mantener el liderazgo como un medio de comunicación capaz de generar corrientes de opinión a partir de una programación participativa e inclusiva”; el periódico Cambio “constituir al medio de comunicación escrito como el órgano de difusión oficial del Estado Plurinacional, que emita información responsable, oportuna, transparente y equilibrada sobre los temas de interés nacional”; la Agencia Boliviana de Información (ABI), “fortalecer la comunicación difundiendo la información estatal, por medio de la página web, de manera oportuna, transparente y completa, cubriendo la actualidad en el ámbito local, nacional e internacional”, y el objetivo de Bolivia Tv es transmitir “sus emisiones desde la ciudad de La Paz desde el Estado Plurinacional de Bolivia con una programación informativa y educativa, promueve la unidad del país y proyecta su imagen internacional”.
Como puede leerse en los objetivos inscritos en la página web del Ministerio de Comunicación, del cual dependen, no hay aspectos que hagan pensar que deban defender al Gobierno, por lo menos explícitamente. Entonces, plantear lo contrario sería ir en contra de ellos.
“Los medios de comunicación del Estado, deberíamos asumir de manera franca y sincera el trabajo político, y por político entiendo la defensa del proceso, de los más pobres y las medidas que se toman”, alentó la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, en el marco de la segunda reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias (ULAN) —(agencias estatales)— realizado en julio en La Paz.
Nuevamente se pone en juego la credibilidad de los medios estatales ante la sociedad, que no son sólo los simpatizantes o militantes de la organización política en función de gobierno, sino todo un auditorio diverso política e ideológicamente al que también deben servir con información con criterio periodístico.
Seguramente los tiempos históricos cambiaron, sin embargo, creo pertinente recordar que en la década del 70 nació un debate que alentó a los estados latinoamericanos a crear agencias de noticias para romper con la instrumentalización de los medios de comunicación y de la información en función de intereses tanto externos como internos.
Lo que sucede hoy muestra otro frente de instrumentalización de la información, esta vez desde el Estado y con fines de defensa del Gobierno y ataque al adversario. Spots televisivos en contra de quienes alentaron una marcha, contra un senador asilado en la Embajada de Brasil en Bolivia, sólo por citar unos ejemplos, muestran la dirección.
El vicepresidente Álvaro García Linera, en la misma reunión de la ULAN, planteó tres aspectos para avanzar en la democratización del mundo de la información. La primera es “la apertura del Estado a la sociedad (…) dejar que la gente construya colectivamente lo público, la información pública”. Segundo, apoyar la proliferación de “medios alternativos, como las redes sociales, radios comunitarias, locales y de colectividades urbanas”; y, tercero, impulsar entre los periodistas la autorregulación.
¿Cómo podemos avanzar en la democratización de la información, cuando hay un sesgo en la labor informativa de los medios que están llamados a liderar este desafío desde el Estado? ¿Y qué pasa cuando algunos periodistas se identifican abiertamente con una línea político-ideológica, con lo cual, si no pierden, por lo menos afectan lo único que tenemos, nuestra credibilidad?
De hecho, una encuesta encomendada por la Fundación UNIR establece que los motivos de confianza en los medios de comunicación son: porque reflejan la realidad de los hechos (50%), porque intentan ser imparciales (30%), todas las anteriores (21%). Además, el informe revela que la mitad de los encuestados (51%) confía en la información brindada por los medios de comunicación y 44% no confía porque siguen una línea política.
La presencia de diferentes medios de comunicación en el espectro comunicacional boliviano seguramente permite avanzar en el desafío de la democratización de la información, sin embargo, es necesario que el bien de todos, los medios del Estado, sea en sí mismo democrático a la hora de informar, recogiendo la diversidad de criterios y posiciones existentes bajo el principio de ver a la información como un bien social.
La sociedad dejó de ser un sujeto pasivo respecto a los medios de comunicación, sobre todo a raíz del avance tecnológico que permite acceder a la información a través de diferentes soportes, y hoy no sólo que es crítica, sino que exige un trabajo alejado de la influencia política. Mantener la credibilidad es central para los medios estatales.
