Los casos de siete embarazadas y una menor robada desaparecidas durante la dictadura argentina (1976-83), comenzaron a ventilarse el jueves en un juicio que investiga delitos de lesa humanidad en un cuartel militar y que tiene al exdictador Reynaldo Bignone entre los acusados.
Un tribunal de San Martín (periferia noroeste de Buenos Aires) dio inicio al juicio por los delitos cometidos en la unidad de batalla de Campo de Mayo contra un total de 20 víctimas, en el que también se juzga al exgeneral Santiago Riveros, entre nueve imputados, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ), dependiente de la Corte.
Entre los acusados, casi todos militares, está el matrimonio formado por el ex oficial de inteligencia Carlos del Señor Garzón y María Francisca Morillo, por la apropiación de Laura Catalina de Sanctis Ovando, una joven que recuperó su identidad en 2008.
Laura Catalina es hija de Miryam Ovando y Raúl de Sanctis, ambos desaparecidos, y nació durante el cautiverio de su madre, secuestrada el 1 de abril de 1977 cuando estaba embarazada de seis meses, precisó la entidad humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo.
Myriam Ovando permaneció ilegalmente detenida dentro de Campo de Mayo, donde dio a luz en el hospital militar antes de ser desaparecida, mientras que su beba fue anotada como hija propia por el exoficial de inteligencia y su esposa.
La causa involucra los casos de otras seis embarazadas que dieron a luz en ese centro clandestino de detención.
Por el robo de bebés durante la dictadura los ex dictadores Jorge Videla y Bignone fueron condenados a prisión perpetua y 15 años de prisión, respectivamente.
En ese juicio se probó que hubo maternidades clandestinas en los campos de concentración donde las detenidas-desaparecidas parían en condiciones infrahumanas, sus bebés les eran arrebatados y luego eran asesinadas.
Abuelas de Plaza de Mayo estima en 500 los bebés robados, de los cuales fueron hallados 106, el último caso de restitución de identidad se conoció el pasado 6 de agosto.
Tras la lectura de la acusación este jueves, la audiencia fue suspendida hasta el 30 de agosto, indicó el CIJ.
