El vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, afirmó que no ve ningún impedimento para que el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, asuma como Embajador de Bolivia ante la ONU y Estados Unidos le extienda la visa correspondiente, mientras que la oposición cerró filas en contra de la designación y el MSM anunció que enviará al organismo internacional los antecedentes de Llorenti
El también expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolviia (APDHB) fue designado por la administración del presidente Evo Morales como el nuevo representante del país ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). La mayoría oficialista en el Senado aprobó ayer la designación y se prevé que a mediados de septiembre empiece su misión en Nueva York.
“En el tema de la acreditación, es el propio sistema de las Naciones Unidas quien realiza esto y la visa es automática, se la otorga Estados Unidos, no hay ningún impedimento”, sostuvo Alurralde en respuesta a consultas periodísticas sobre eventuales inconvenientes con los que podría tropezar el nuevo representante diplomático.
Llorenti renunció a su cargo el 27 de septiembre de 2011, tres días después de la represión a los indígenas que marchaban en defensa del TIPNIS, en Chaparina, Beni. Fue incluido en el proceso tendiente a establecer quién ordeno la represión policial, sin embargo los fiscales encargados del caso decidieron excluirlo de la pesquisa.
El jefe del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, cuestionó la designación y anunció que presentará ante el organismo internacional los antecedentes de la exautoridad sobre los casos Chaparina y Caranavi, en esta última población murieron dos personas en medio de un operativo policial para levantar el bloqueo de caminos en la zona en 2010.
“El país no se agota en el gobierno, nosotros (el MSM) también somos parte del país y le expresaremos a la ONU este sentimiento de vergüenza no solamente por los antecedentes de Llorenti, sino por la manera fraudulenta y delictiva en la que se viabilizó su nombramiento”, afirmó del Granado en conferencia de prensa.
El senador de la opositora Convergencia Nacional (CN), Germán Antelo, también criticó la decisión del Gobierno y consideró que dañará la imagen de Bolivia, tomando en cuenta que un excolaborador de Llorenti, el exjefe policial, René Sanabria, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico.
Alurralde informó que el nuevo embajador deberá consolidar en la agenda internacional diversos temas de interés, “como el derecho al agua, el año internacional de la quinua, la defensa del acullico de la hoja de coca y el apoyo a la primera Conferencia de pueblos indígenas para el 2014”.
El dirigente indígena Rafael Quispe presentó un recurso ante la Fiscalía para arraigar al nuevo embajador y evitar que viaje a Estados Unidos, mientras que el dirigente indígena Adolfo Chávez anunció una ‘campaña internacional’ para evitar que Llorenti asuma su nuevo cargo. Ambos indígenas son contrarios al Gobierno y lideran las acciones en contra de la consulta para viabilizar la carretera Villa Tunari-San Igncio de Moxos por medio del TIPNIS.
