La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) expresó este viernes su «protesta enérgica» por la decisión del Gobierno de instaurar querella contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos «El Diario» y «Página Siete» por el presunto delito de «Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación», en el marco de la Ley No 045, de 8 de octubre de 2010, y en base al Código de Procedimiento Penal, y exigió respeto a la Ley de Imprenta.
Tras recordar que el artículo 107, parágrafo II de la Constitución Política del Estado sostiene que «la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad», la ANP recuerda que la misma Carta Magna establece que «esstos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su Ley».
«La ANP recuerda que está en plena vigencia la Ley de Imprenta, tal como lo reconocieron el señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Evo Morales Ayma, en reunión con dirigentes de las organizaciones de Prensa y Periodistas el 15 de febrero del presente año», señaló la institución que agrupa a las empresas periodísticas bolivianas.
«En esa ocasión -agregó-, el propio presidente del Estado descartó cualquier modificación de la norma o la creación de otra destinada a regular el trabajo de los medios».
Asimismo, la ANP recordó que «de la misma manera, están en plena vigencia y funcionamiento los mecanismos encargados de velar por el cumplimiento de las normas éticas institucionales y empresariales, así como los mecanismos de autorregulación».
«Tras los anuncios iniciales de ‘querella criminal’ de los señores ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Comunicación, Amanda Dávila, contra la Agencia de Noticias Fides, hoy hemos sido sorprendidos por otro recurso legal del Ministro de la Presidencia, mediante su representante legal, que acude al artículo 281 septies del Código Penal para emplear la figura de la «difusión e incitación al racismo», señaló la ANP en su documento.
«Toda vez que está vigente el compromiso presidencial de respeto a las normas legales que regulan las actividades de los medios de Prensa así como los mecanismos de ética y autorregulación reconocidos legalmente -prosiguió-, resulta ilógica la actuación de algunos niveles gubernamentales que intentan condenar a los medios independientes atribuyéndose funciones que no les corresponde».
«La ANP -sostuvo- mantiene su posición invariable, defendida incluso en las calles y en foros nacionales e internacionales, de respeto a la Ley de Imprenta. Es bajo esa norma que deben resolverse las diferencias de enfoque e interpretación respecto a la difusión en los medios del discurso del señor Presidente».
«Reiteramos nuestra solidaridad y defensa de los medios de comunicación bajo las libertades constitucionales que deben guiar las actuaciones de autoridades, ciudadanos e instituciones, en un clima de saludable democracia», concluyó.
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