Una sentencia de la Sala Penal Suprema de Perú, que quitó a la masacre de Barrios Altos, cometida en 1991 en Lima, el carácter de delito de lesa humanidad, podría permitir al ex presidente Alberto Fujimori obtener su libertad, denunciaron el lunes en San José los familiares de las víctimas.
Fujimori, quien descuenta una pena inicialmente de 25 años por esa matanza, «podría quedar libre si esa sentencia se mantiene», argumentó la abogada Viviana Krsticevic durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la capital costarricense.
Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que actúa como uno de los representantes de las víctimas, pidió a la Corte que «recuerde al Estado peruano que estamos ante un crimen de lesa humanidad» y que «no es aplicable en este caso la prescripción».
Por su parte, los representantes del Estado peruano aseguraron que Perú tiene mecanismos judiciales internos para resolver la «discrepancia» y pidieron a la Corte que permita el uso de tales instrumentos.
El caso de Barrios Altos se refiere al asesinato de 15 personas, incluido un niño de 8 años, el 3 de noviembre de 1991 en un edificio en Lima, en un asalto atribuido al escuadrón de la muerte conocido como Grupo Colina, que dirigía el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
El 14 de marzo de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó por estos hechos a Perú y ordenó medidas de reparación material y moral en favor de las víctimas y sus familiares, así como la investigación de lña masacre y el enjuiciamiento de los responsables.
En abril de 2009, la Sala Penal de la Corte Suprema condenó a Fujimori a 25 años de prisión, mientras que otro tribunal condenó en 2010 a Montesinos y a los miembros del Grupo Colina a elevados penas por los mismos hechos.
No obstante, la Sala Penal revisó el caso y el 29 de julio de 2012 le quitó el carácter de «crimen de lesa humanidad», absolvió a unos de los condenados y rebajó las penas de 25 a 20 años para los autores intelectuales y de 15 a 10 años para otros miembros del Grupo Colina.
Uno de los argumentos atendidos por los magistrados es que las víctimas no eran miembros de la sociedad civil sino «dirigentes terroristas», lo cual fue rebatido por los accionantes ante la Corte Interamericana.
«Esta decisión constituye un retroceso para la justicia, ya que el caso Barrios Altos marcó un hito transcendental en las obligaciones que tienen los estados de luchar contra la impunidad y garantizar la justicia», dijo la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de Perú, Rocío Selva.
Además, «constituye una revictimización» de los afectados en tanto se les tacha sin ningún fundamento de terroristas, afirmó la activista.
