El excomandante del Ejército, Juan Véliz Herrera, condenado a quince años de prisión, habló hoy a los medios de comunicación desde la cárcel de San Roque, en la ciudad de Sucre, desde donde recordó que durante las violentas jornadas de septiembre y octubre de 2003, los militares salieron a resguardar el orden público cumpliendo órdenes del capitán general de las Fuerzas Armadas, el entonces presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada.
Véliz dijo también que el propósito de la fuerza militar, en el conflicto social estallado en 2003, fue el de coadyuvar en las tareas de la Policía Nacional, la cual había sido, según el exComandante, rebasada en número y capacidad por la magnitud de la protesta social que llegó a ser denominada la «Guerra del Gas».
El exComandante reapareció vestido con un buzo deportivo y luciendo una tupida barba. Lanzó críticas a la clase política nacional cuando dijo que «quienes debían estar aquí sentados son el expresidente (Gonzalo) Sánchez de Lozada y sus socios de la coalición, Jaime Paz Zamora (expresidente entre 1989 y 1993) y Manfred Reyes Villa (excandidato a la Presidencia en 2002 y 2005)».
Germán Quiroz, exabogado defensor de Véliz, reiteró sus cuestionamientos hacia el Tribunal de Sentencia. Señaló que éste no tomó en cuenta los alegatos presentados como pruebas de descargo, entre ellas las «105 pruebas documentales y la participación de catorce testigos».
Asimismo, Quiroz recordó que el decreto de amnistía dictado por el gobierno del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), que excluía a los considerados «incitadores» de los desórdenes, era otra causal para la extinción del proceso.
«En el mes de abril de 2006, el proceso de investigación del juicio de privilegio constitucional se extinguía por tres razones: por la ausencia del ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, como uno de los protagonistas de las jornadas de la «Guerra del Gas», que no fue presentado por el Ministerio Público ante la justicia boliviana.
Además, mencionó que otra de las causas para la extinción radicaba en la aprobación del decreto de amnistía que excluyó a quienes -según la defensa- habían protagonizado el alzamiento armado; y por la «inexplicable» exclusión de la Policía Nacional «que también había participado desde el inicio en las operaciones de restablecimiento del orden público; afectándose definitivamente la posibilidad de esclarecer los hechos».
Quiroz anunció que los condenados insistirán en su pedido de indulto al Presidente del Estado y no descartó un proceso por prevaricato contra los autores de la sentencia. El año pasado, un pedido similar no recibió respuesta del Jefe de Estado.
También fueron condenados a penas de entre siete y quince años los exmilitares Roberto Claros Flores, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas; Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, excomandante en jefe accidental; el exalmirante Luís Alberto Aranda Granados, excomandante de la Fuerza Naval; y José Oswaldo Quiroga Mendoza, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana.
