La Justicia argentina investiga a la presidenta de ese país, Cristina Fernández, y otros funcionarios por las restricciones impuestas a la compra de divisas y la autorización para usar las reservas para pagar la deuda.
El fiscal Carlos Stornelli imputó a Fernández, a la presidenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Mercedes Marcó, al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y al titular del Fisco, Ricardo Echegaray, a raíz de una denuncia judicial presentada por la líder de la opositora Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió.
“Stornelli consideró que la denuncia era lo suficientemente sólida como para abrir una investigación”, informaron a EFE fuentes de la agrupación.
El fiscal investiga si las resoluciones que dispusieron el uso de reservas del BCRA para el pago de deuda externa constituyeron actos perjudiciales para el valor del peso argentino. Para ello, pidió un peritaje sobre las transferencias del ente emisor al Gobierno y sobre el nivel de las reservas.
Carrió también pidió en su presentación que se indague la aplicación de restricciones a la compra de dólares, las cuales limitaron “de manera arbitraria, irrazonable e ilegal el acceso al mercado cambiario”, según la denuncia divulgada por Clarín.
Las limitaciones impulsaron el mercado negro de compra de divisas con un consecuente aumento del precio del llamado dólar paralelo, que ayer superó los seis pesos, mientras que el oficial se ubica en 4,64 pesos.
