Mediante una declaración de prensa, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, planteó que el Gobierno debería acudir a la Ley de Imprenta para enjuiciar a los tres medios de comunicación a los que procesa penalmente por considerar que tergiversaron declaraciones del Presidente Evo Morales para incitar al racismo y la discriminación.
Los medios procesados son la Agencia de Noticias Fides y los periódicos Página Siete y El Diario.
El comunicado oficial del Defensor del Pueblo señala textualmente:
“En relación a la demanda interpuesta por del Ministerio de la Presidencia en contra de los periódicos Página Siete y El Diario y la Agencia de Noticias Fides (ANF) por presuntos delitos relacionados con la cobertura de estos medios a declaraciones del Presidente del Estado Plurinacional y debido a que en este caso se incluyen aspectos relacionados con el derecho a la información y a la libertad de prensa, la Defensoría del Pueblo declara lo siguiente:
La libertad de prensa, la libertad expresión y de información son derechos humanos esenciales y pilares para el sostenimiento de la democracia y están reconocidos en todos los instrumentos jurídicos internacionales y en la propia Constitución Política. Estos derechos y garantías deben preservarse y defenderse por encima de cualquier consideración política e incluyen la obligación de resguardar a los periodistas de todo tipo de presión, censura y persecución en su trabajo de obtener y difundir información.
Sin embargo, este derecho al ejercicio de la labor periodística implica a la vez un deber ineludible que también se expresa en la Constitución Política que ordena que “la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad” y que “estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.
En este caso consideramos que si el gobierno entiende que los medios señalados han vulnerado alguna norma, debe procesar su denuncia en el marco de la Ley de Imprenta vigente, según lo instruye la propia Constitución”.
