Durante los años 2010 y 2011, Bolivia (junto a Perú y la Argentina) fue uno de los países latinoamericanos que ha registrado el número más alto de conflictos sociales. Incluso se ha afirmado que el país estaría viviendo el “mayor número de protestas de los últimos 41 años”. Lo relevante (y preocupante) no son los datos generales sino los altos niveles de radicalidad e intensidad de los conflictos sociales, que se han expresado en situaciones de violencia y enfrentamiento. ¿Cuál es, pues, el sentido y la singularidad política de esta “explosión” de conflictos?
La noción de “conflictividad” puede ayudarnos a responder esa pregunta. La prevalencia de un cierto tipo de conflicto, las respuestas del Estado, las culturas políticas y las capacidades de movilización de los actores son algunos de los elementos que configuran, en un momento dado, un tipo particular de conflictividad.
¿Cuáles serían entonces los rasgos principales de esa conflictividad en el momento actual? Primero, ella está estrechamente relacionada con la hegemonía o predominio ejercido por el MAS en el campo político (que incluye la ocupación del Estado y el control de organizaciones sociales estratégicas), y que corresponde a una estrategia y un estilo de gobierno basados en la representación de lo político como antagonismo (lógica amigo-enemigo).
Segundo, de acuerdo con los “conflictólogos”, el Estado boliviano es el destinatario principal de las demandas sociales; pero al mismo tiempo, las limitaciones y debilidades de la gestión gubernamental “producen” permanentemente situaciones conflictivas.
Tercero, una porción importante de los actuales conflictos enfrenta al Estado con colectivos sociales afectados por esas actividades extractivas (gas, minerales, caminos y otras actividades que destruyen el medio ambiente), o por organizaciones sociales interesadas en controlar los beneficios de las rentas y excedentes que están en juego. No se trata, luego, de eventos que confrontan a los “ecologistas” con los “desarrollistas”, sino de una conflictividad muy compleja que involucra a muchos actores con intereses y aspiraciones diferentes. Es decir, la política (neo)extractivista y desarrollista del Gobierno, a pesar del discurso sobre el “vivir bien” consagrado por la Constitución, se ha convertido en la fuente viva de los principales conflictos sociales en la actualidad.
En esas condiciones no resulta fácil transformar el peligroso “patrón” de conflictividad actualmente vigente; se trata de un desafío complejo y de largo plazo, porque involucra, por una parte, cambios en creencias y mentalidades políticas y, por otra parte, la construcción de instituciones transparentes, participativas y eficaces. En suma, se trata de transformar el modo de gobernar.
