Esta iniciativa legislativa fue aprobada en la sesión del gabinete ministerial de ayer y, según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, será elevada a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La autoridad explicó que, en cualquiera de esas cuatro causales, la propuesta plantea aplicar un procedimiento administrativo muy acelerado, sea en casos de flagrancia o no.
En cualquiera de las cuatro tipologías previstas, cuando se trate de hechos flagrantes, la norma contempla otorgar un plazo de 48 horas a aquella persona que detenta un bien mueble o inmueble para que pueda demostrar la legitimidad del mismo.
En caso de no existir flagrancia, el plazo será de cinco días, según Romero. Indicó además que la instancia que ejercerá competencia para aplicar este procedimiento será la Procuraduría General del Estado.
Sostuvo que la Acción de Extinción de Derecho Propietario y Posesión no es una sanción penal privativa ni accesoria, ni se basa en la culpabilidad de una persona. “Esta acción es autónoma, especial, independiente de cualquier acción judicial o administrativa que se haya iniciado o por iniciar, en la que se tuviere origen, sin la necesidad de sentencia penal”, indicó Romero, en referencia al Artículo 3°, parágrafo 4, del anteproyecto.
Aclaró que esta medida puede activarse simultáneamente a la acción penal que pueda proceder en contra de una persona natural o que haya sido acusada de la comisión de los delitos mencionados. “Esta es una acción patrimonial, autónoma, independiente de la acción penal”, dijo.
Al ser un proceso administrativo independiente de la acción penal, este recurso garantiza el debido proceso, que sigue su curso en la vía penal con relación al imputado. Entre otras características, respeta la presunción de inocencia, por cuanto otorga plazos para que una persona pueda presentar descargos o acreditar la licitud del origen de sus bienes.
“Con este anteproyecto de ley se adopta una medida drástica en el orden jurídico y procedimental administrativo para castigar estos cuatro tipos de delito”, señaló Romero. Agregó que estos delitos se constituyen en un cáncer que daña el patrimonio público y que debe ser erradicado.
Trabajan desde 2011 en este plan
Labor
La FELCN dio a conocer que trabajaba en una Ley de Extinción de Derecho de Dominio desde diciembre de 2011. La intención, según publicó La Razón en ese entonces, era afectar al patrimonio de los narcos.
Legislación
Leyes de extinción de dominio como la propuesta son parte del presupuesto jurídico de Estados Unidos, Colombia, Guatemala y otros países de Centroamérica, donde se aplica sólo para delitos de narcotráfico.
