En una improvisada rueda de prensa en puertas del Palacio Quemado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que la decisión de ampliar el tiempo de la consulta sobre todo se debe a que las brigadas no lograron concluir su trabajo, por lo inaccesible que se hizo el territorio debido a factores climáticos. Hasta la fecha, 32 de las 69 comunidades indígenas fueron consultadas, según el Ministerio de Obras Públicas.
“Las razones (de la ampliación) tienen que ver fundamentalmente con la dificultad del desplazamiento de las brigadas por los ríos en esta época del año. Además, dado que se trata de un territorio de más de un millón de hectáreas y con algo más de 70 comunidades, se dificulta cumplir con el plazo que se estableció”, detalló Romero.
Asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) en días recientes habían planteado la necesidad de aprobar una Ley de ampliación que deje abierto, sin fecha, el plazo de la consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Esta propuesta fue rechazada por el Ejecutivo, que en gabinete decidió poner una fecha fatal al proceso. “En el gabinete no nos ha parecido conveniente dejar abierto este plazo, pero sí nos pareció atendible la solicitud del ministerio del sector (Obras Públicas) para ampliarlo hasta el 7 de noviembre”, sentenció el ministro Romero.
La Ley 222 de Consulta fijó los parámetros del proceso, recogidos en el Protocolo, que estableció que la consulta debe culminar el 7 de septiembre con un informe final, por lo que se requiere de una ley para hacer ajustes al plazo. El 29 de julio empezó el proceso en las comunidades de Oromomo y San Miguelito. El trabajo de campo debía concluir el 25 de agosto.
Rechazo. Conocida la noticia de ampliación del proceso, indígenas que están contra la consulta afirmaron que el Gobierno extendió el mecanismo debido a un “fracaso” del proceso en su fase inicial. Ratificaron que impedirán el acceso de las brigadas a las comunidades que rechazan la construcción de la vía San Ignacio de Moxos-Villa Tunari.
“Creo que esta ampliación no es otra cosa que el resultado de la resistencia en defensa de nuestro territorio. No es otra cosa y, por tanto, es el fracaso del Gobierno”, consideró el indígena Marcial Fabricano, quien apoyó la candidatura presidencial del opositor Manfred Reyes Villa en 2009.
Por su parte, el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, anunció a este medio que la “resistencia” a la consulta continuará en el ingreso de los ríos Ichoa y Sécure, zonas clave para el acceso a varias comunidades. “Gundonovia es clave para ingresar al TIPNIS, pues ahí es la unión de tres ríos (Isiboro, Sécure e Ichoa). Ahí seguirá el bloqueo”, ratificó el dirigente.
Al respecto, el presidente de una de las dos fracciones de la Subcentral Sécure, Carlos Fabricano, afirmó que con la ampliación del plazo de consulta se llegará a todas las comunidades del TIPNIS que todavía faltan visitar.
Apoyo a la carretera
Consulta
De las 32 comunidades indígenas consultadas, todas rechazaron la intangibilidad y apoyaron la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, con excepción de una (San Miguelito), que propone tramo distinto.
El TSE pide Bs 2 millones para reanudar la consulta
Alrededor de dos millones de bolivianos solicitará el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para reanudar la consulta. El motivo del pedido es cubrir los gastos de logística de las brigadas que acompañan el proceso consultivo.
“Si (la consulta) es hasta el 7 de noviembre tenemos que ver la posibilidad de triplicar el presupuesto o quizá un poco más. Esto para el desplazamiento de nuestros funcionarios públicos. Son gastos en viáticos, transporte, en fin, en la parte logística”, señaló la vocal electoral Dina Chuquimia.
Al inicio de la consulta, el TSE presupuestó un gasto de Bs 651 mil, monto presupuestado hasta el 25 de agosto. Debido a la falta de recursos, el ente electoral paralizó el trabajo y solicitó al Órgano Ejecutivo un presupuesto adicional de 130 mil bolivianos.
Sumando ambas cifras, el TSE programó destinar para la consulta Bs 781 mil. Tomando en cuenta que el proceso se prolongará dos meses más, el ente electoral necesitará alrededor de Bs 2,3 millones. Chuquimia descartó contratar nuevos brigadistas porque éstos necesitarían cursos sobre el proceso que se realiza.
