En un sistema judicial moderno, cuyas decisiones buscan ser no sólo justas sino también precisas, adoptadas sobre la base de hechos concretos y pruebas científicas, contar con un instituto forense de investigaciones de excelencia puede significar la diferencia entre procesar y encarcelar a personas inocentes y dejar impunes a los verdaderos culpables.
Por ejemplo en España, recientemente un error de laboratorio sobre el caso de los niños Ruth y José Bretón, de seis y dos años de edad, desaparecidos el pasado 8 de octubre cuando estaban con su padre, significó 11 meses de costosas pesquisas, pero también un gran sufrimiento para la madre y los familiares de los niños, causado por la prolongada incertidumbre sobre su paradero. Desde un principio, la Policía española y los familiares barajaron la hipótesis de un posible infanticidio, motivado por sentimientos de venganza del padre contra su esposa, quien había pedido el divorcio. Por eso, las investigaciones se concentraron en la finca de los abuelos paternos, donde los niños habían sido vistos por última vez. En el lugar, los investigadores encontraron rastros de una hoguera con decenas de restos óseos y seis dientes.
Un primer examen forense de la Comisaría General de Policía Científica española dictaminó que los huesos hallados pertenecían a “roedores o pequeños carnívoros”, no a humanos. El análisis descargó en este sentido de culpa al sospechoso. No obstante, 11 meses después, un examen independiente (que se realizó gracias a las diligencias de la madre) determinó que los restos son de humanos, cuyas edades coinciden con las de Ruth y José. Resultado que fue corroborado por un tercer examen, de una entidad gubernamental y que ha permitido dilucidar el crimen.
No obstante, no todos los casos corren la misma suerte. Por ejemplo, por estos lados, los padres y familiares de Patricia Flores, la niña de 10 años que fue brutalmente asesinada en agosto de 1999, siguen sin saber con certeza quién fue el o los asesinos de su hija. Una nueva investigación forense, abierta también gracias a la persistencia de la madre (quien logró el apoyo de la Fundación de Defensa y Restitución de los Derechos Humanos), entregará nuevas pruebas en los próximos meses, que se espera contribuyan a resolver la incertidumbre de los familiares, y exculpar a por lo menos uno de los tres sospechosos (o quizás a todos) inculpados y condenados por este caso.
Como se puede observar, ningún Estado se puede dar el lujo de prescindir de un instituto de investigaciones forense de calidad, que de seguir con rigor métodos de análisis específicos, suele tener bastante eficacia en cuanto a sus resultados. De no resolverse esta carencia en el país, muchas investigaciones estarán condenadas a seguir dando palos de ciego, negándoles justicia y certidumbre a los familiares de las víctimas, y encarcelando a personas inocentes.
