Miércoles, 31 de agosto de 2011. La justicia boliviana concluyó ayer que en octubre del 2003 se cometió un “genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”, delito por el que condenó a penas de entre tres a 15 años de presión a siete colaboradores del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
La decisión judicial, que se dio a conocer tras siete días de debate para el fallo y ocho años de proceso, fue recibida con insatisfacción, aunque con esperanza, por las víctimas de esos acontecimientos, en los que perdieron la vida 64 personas y 497 resultaron heridas.
La esperanza radica no sólo en la condena, que confirma que la administración de Sánchez de Lozada cometió un delito, sino también en la tipificación, por la que se deduce que el expresidente sería el principal responsable de un “genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”, que se castiga con la pena máxima: 30 años de prisión.
Por ello, las víctimas de octubre ya piensan en viajar a Estados Unidos y el fiscal general, Mario Uribe, se anticipó en pedir a ese gobierno que sea coherente en la lucha contra la criminalidad e impunidad y “no proteja a personas involucradas en hechos con consecuencias graves, como la masacre sangrienta de septiembre y octubre del 2003”.
Hizo el mismo pedido a España y Perú, países que también acogen a otros colaboradores de Sánchez de Lozada.
No obstante, las víctimas esperaban una condena más dura, especialmente en el caso de los dos exministros, Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa, quienes recibieron penas de tres años de prisión, pero que en los hechos se traducirán en sólo cinco o seis días tras las rejas, ya que después que este viernes en la tarde se dé lectura íntegra a la sentencia podrán tramitar su perdón judicial.
“Nos deja con sabor a poco”, comentó por ejemplo Rogelio Mayta, el abogado de los familiares de los fallecidos. Para el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Bruno Apaza, la sentencia fue “benévola”. El senador del MAS Eugenio Rojas sugirió su revisión para que otros exministros de Gonzalo Sánchez de Lozada no la usen como antecedente a su favor.
La condena para los militares no provocó tanta molestia, aunque la exigencia era de 25 años de prisión. El general Juan Véliz, por ejemplo, recibió 15 años y seis meses de prisión, al igual que Roberto Claros Flores.
Los generales José Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda recibieron 11 años y Gonzalo Alberto Rocabado 10 años. Véliz, antes de ingresar junto a los otros sentenciados al penal de San Roque, dijo que la condena es política y que los principales responsables de los enfrentamientos son los dirigentes sindicales que comenzaron las protestas el 2003 y que luego fueron librados de culpa por un decreto de amnistía aprobado por el exmandatario Carlos Mesa.
Para la abogada de oficio de Sánchez de Lozada, Elizabet Vargas, este juicio “pasará a la historia como uno de los capítulos más oscuros de la justicia boliviana, porque no se ha juzgado a los verdaderos responsables y se ha sentenciado a funcionarios públicos que sólo cumplieron las leyes”.
Por el contrario, para el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, el juicio es un antecedente fundamental para la lucha contra la impunidad.
«Creo que la historia judicial del país nunca ha visto un juicio con tantas evidencias, entonces es muy importante todo el trabajo realizado por los abogados de las víctimas en este caso».
En todo caso, desde ayer la cárcel de San Roque, ubicada prácticamente en el centro histórico de Sucre, cobró mayor notoriedad porque tiene como moradores a los miembros de la cúpula militar del año 2003 y a dos exministros sentenciados por haber cometido genocidio.
Erick Reyes Villa es el interno 263, Adalberto Kuajara el 264, el general Roberto Claros Flores el 265, el general Gonzalo Rocabado el 266, el almirante Luis Alberto Aranda Granados el 267 y al general José Oswaldo Quiroga le fue asignado el número 268.
En su primera noche, cuatro de ellos fueron ubicados en una celda y los otros pasaron la noche en el comedor. Por normas internas, los reclusos disponen el espacio que ocuparán los nuevos reos.
