La Contraloría emitió un informe preliminar de una auditoría realizada a las gestiones que van de 2002 a 2010 en el que halló responsabilidad civil en el pago de los bonos 16 de Julio y 20 de Octubre, que la Alcaldía de La Paz otorga a funcionarios que ganan menos de Bs 4.000.
El alcalde Luis Revilla expresó su preocupación por este hecho y lo calificó como una nueva arremetida política de la Contraloría, porque la institución se limitó a auditar la gestión del Movimiento Sin Miedo (MSM).
“Nos preguntamos por qué no se ha hecho este proceso a todas las gestiones desde la década del 90. Encontramos una tendenciosidad (sic) política, un nuevo ataque. Una instrumentalización de la Contraloría para fines políticos, para deslegitimar y perjudicar una gestión como es la del MSM”, enfatizó. El informe preliminar se realizó hace un mes y al menos 40 funcionarios ediles, entre ellos Revilla y el exalcalde Juan del Granado, fueron notificados para emitir descargos.
El asesor general de la Contraloría, Wilmer Vargas Angulo, indicó que la Gerencia Departamental observó los movimientos de la Alcaldía paceña y procedió a efectuar la auditoría, cuyo informe preliminar establece vulneraciones al ordenamiento jurídico administrativo por el pago de los bonos 16 de Julio y 20 de Octubre.
“Los bonos fueron pagados vulnerando los decretos supremos 21060 y 21137. Los involucrados en este caso conocían de antecedentes jurídicos que señalan la no aplicación de esos beneficios, por ello es se que han detectado indicios de responsabilidad civil”, declaró Vargas.
Por la supuesta vulneración de esas normas, se habría producido un daño de Bs 11 millones. Este año, el bono 16 de Julio fue de Bs.1.000 y se pagó a casi 800 funcionarios ediles. Revilla observó que pese a que existe el Decreto 861, aprobado por el presidente Evo Morales, que deja sin efecto el 21060 y todas las normas que se fundaron en éste, la Contraloría emitió este informe.
“En Cochabamba existe un antecedente de conflicto laboral entre el burgomaestre de la ciudad del valle y sus trabajadores, que derivó en un laudo arbitral que dispuso que se pague este beneficio, emitiendo incluso una orden de apremio contra el Alcalde para su cumplimiento”, cuestionó la autoridad municipal.
También recordó que el nivel central de Gobierno tiene antecedentes de la entrega de este tipo de beneficios a favor de sus funcionarios. “Esos pagos fueron sustentados en el Decreto Supremo 109 del 1 de mayo de 2009 y el 130 del 20 de mayo de 2009. Un bono que fue creado por el actual Gobierno, que establece una gratificación y que fue pagado dentro de los parámetros que la misma Contraloría alega que hemos vulnerado como municipio”, insistió.
El asesor Vargas sostuvo que luego de recibir las declaraciones se emitirá un informe complementario. Si se ratifica la responsabilidad civil, se elaborará un dictamen para que la Contraloría inicie las acciones, es decir un proceso contra los implicados.
“En este asunto, hemos tenido el cuidado de revisar si existe jurisprudencia y encontramos el auto supremo 224 del 22 de septiembre de 2009, referido a los dos bonos, y categóricamente señala que no se pueden pagar al margen de las normas citadas. Consideramos que nuestra opinión está debidamente sustentada”, ratificó el funcionario de la Contraloría.
Datos sobre los bonos municipales
La Alcaldía paceña entrega bonos desde los años 80. Desde 1990 éstos se reconocen como bono 16 de Julio y 20 de Octubre, pues a través de laudos arbitrales se legalizó el derecho a su pago. En 2011, un Tribunal Arbitral admitió esos beneficios.
Concejales difieren sobre el informe de auditoría
Los concejales de Unidad Nacional (UN) Omar Rocha y del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Silva difieren sobre el trabajo de auditoría que realizó la Contraloría General del Estado, respecto al pago de los bonos 16 de Julio y 20 de Octubre.
Rocha, quien preside el Concejo Municipal, consideró que los bonos que da la Alcaldía están apoyados en laudos arbitrales y sentencias constitucionales que salieron a favor de los trabajadores que demandaron el pago, cuando la Alcaldía quiso eliminar esos beneficios.
“Es probable que haya un trasfondo político. Hay 40 personas implicadas que no recibieron el pago, fueron alrededor de 800 trabajadores los beneficiados. Si se determina que el bono es ilegal, se tendría que sancionarlos a todos ellos”, afirmó Rocha. Sin embargo, para el concejal opositor Silva la acción de la Contraloría no tiene un fin político, sino legal.
“Hay dos decretos que prohíben el pago de bonos en las entidades públicas, pero el MSM insistió en continuar con esta disposición. Hay una intencionalidad de provocar al Gobierno a través del incumplimiento de normas y enfrentar a los trajabadores contra Evo Morales”, aseguró. Ayer, el alcalde Luis Revilla presentó su descargo a la Contraloría, en el que sostiene la falta de competencia que tiene esta instancia para ver este caso. “El Ministerio de Trabajo ha conocido este tema emergente de los conflictos laborales”, argumentó.
