Ha causado revuelo, en menos tiempo del que se suponía, la noticia sobre la decisión de Estados Unidos de negar la extradición a Bolivia de Gonzalo Sánchez de Lozada, acogido en ese país desde el 17 de octubre de 2003, cuando renunció a la presidencia de la República luego de un conflicto que terminó con 67 muertos.
El edición digital de La Razón publicó el jueves la información, que inmediatamente fue replicada por la mayoría de los medios de comunicación del país (aunque no todos respetaron la autoría de la primicia).
Entre las repercusiones, la oposición política, y algunos políticos afines al Gobierno, ha comenzado a cuestionar la eventual responsabilidad de la Cancillería del Estado en la decisión y no así la misma determinación de Estados Unidos. Es más, algunos legisladores y representantes consideraron que el Gobierno de ese país ha entendido que en el caso de Sánchez de Lozada existe persecución política y que dirigentes de la época, como Felipe Quispe, Roberto de la Cruz y el mismo presidente Evo Morales, deben ser investigados por el caso, que ya tiene a otrora cinco jefes militares con sentencia.
Hasta el viernes, era difícil establecer a través de conductos oficiales las razones de la decisión de Estados Unidos. Sin embargo, en el análisis político se puede inferir que ese país, por motivos ideológicos principalmente, no es capaz de atender la demanda boliviana de extradición de Sánchez de Lozada, debido a las repercusiones que generaría una eventual posición en ese sentido.
La negativa de Estados Unidos tiene un matiz meramente político, considerando, además de lo anotado, las diferencias políticas de su gobierno con el de Bolivia, la expulsión de su embajador en La Paz Philip Goldberg y las consecuencias todavía latentes de esta acción. Así, no es justo decir que Sánchez de Lozada es perseguido político ni que el Gobierno tiene toda la responsabilidad en el caso, aunque éste haya incidido en algo a través de sus dichos y actos.
El editor
