Empresas con responsabilidad social empresarial (RSE), empresas sociales, inclusivas, comunitarias, con capital social empresarial, corporaciones responsables, negocios inclusivos, empresas sostenibles, responsabilidad empresarial; en fin, éstas y otras definiciones son empleadas en el sector empresarial cuando se identifican proyectos e iniciativas que buscan impactos sociales y económicos en las comunidades y la sociedad.
A pesar de que la mayoría de las iniciativas de impacto social se basan en criterios y objetivos bienintencionados, no necesariamente todas cumplen ese fin; a veces por obra y otras veces por omisión. Al final, mucha gente se pregunta cuáles iniciativas realmente deberían llamarse RSE, cuáles filantropía, cuáles deberían clasificarse como simple marketing comunicacional, cuáles representan negocios inclusivos; y más allá de las etiquetas, cuáles realmente promueven impactos sociales y económicos, medibles y verificables.
Por otra parte, también están las fallas e inconsistencias estratégicas, que confunden a las comunidades y a la sociedad en general. Por ejemplo, una multinacional de gaseosas que, a pesar de contar con una gran estrategia de RSE, una de sus filiales decidió robar electricidad, modificando y alterando los medidores en sus fábricas. Otro ejemplo es el de una compañía tecnológica global que se abastece de piezas construidas en talleres de Asia que emplean mano de obra infantil. Sobre estas malas o dudosas prácticas, las redes sociales (especialmente Twitter) han empezado a identificarlas y difundirlas bajo la etiqueta #antiRSE.
Uno de los recientes esfuerzos internacionales de clasificación es la llamada ISO 26000, que si bien no representa un estándar certificable como la ISO 9000, define lineamientos para promover mejores prácticas de Responsabilidad Social, no sólo para empresas, sino también para todas aquellas organizaciones interesadas en difundirla.
La pregunta obvia es, ¿cómo hacer para que estos lineamientos sean adoptados de forma más proactiva, decidida y real? En el mundo hay varios ejemplos, por ejemplo en India se discutió una ley que establecía que las empresas destinen el 2% de sus utilidades netas a RSE; pero, la ley no fue aprobada. Otro caso, una ONG en EEUU ha desarrollado un estándar certificable, denominado “Empresas B”, para aquellas compañías interesadas en certificar voluntariamente su impacto social y ambiental. Otros países vienen desarrollando estándares y normas locales para la ISO 26000, que de alguna forma definen los procedimientos a nivel nacional. También está el parámetro Global Reporting Initiative, utilizado para la elaboración técnica y publicación de los llamados reportes de sostenibilidad o memorias de RSE.
Por último, en el mejor interés de las mismas empresas y sus accionistas, es importante ordenar la casa en cuanto a las definiciones sobre lo que debería entenderse por RSE, sobre la forma de medir su impacto, la elaboración y publicación de reportes, y la adopción de normas y estándares internacionales. De esta forma, las empresas podrán definir con mayor precisión cuáles actividades de RSE representan un gasto, y cuáles una inversión; al mismo tiempo que la sociedad se empieza a informar y a diferenciar sobre destacables y dudosas prácticas de RSE.
