Ya son 12 las denuncias presentadas contra diputados en la Comisión de Ética de la Cámara Baja; a la fecha, ninguna fue resuelta por esta instancia. Se trata de acusaciones por casos particulares, de corrupción, de actos bochornosos en plenaria y acciones discriminatorias.
El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, Evaristo Peñaloza, del Movimiento Al Socialismo (MAS), informó a La Razón que esta instancia legislativa todavía analiza las denuncias para emitir resoluciones con las respectivas penas.
La tardanza en la emisión de fallos es criticada por miembros del oficialismo. El diputado Galo Bonifaz pidió a la comisión celeridad para determinar sanciones a los acusados. “No puede ser que aún existan denuncias de la anterior gestión”, reprochó.
“Son 12 casos que aún se ventilan en esta comisión. Seis de la pasada gestión y seis de la actual. Hasta la próxima semana tendremos la resolución de al menos seis procesos que se instalaron”, explicó Peñaloza.
El asambleísta anunció que en primera instancia se resolverán seis demandas. En este primer paquete a revisar hay tres diputados del oficialismo denunciados ante la comisión. Explicó que Wilfredo Calani y Miguel Ángel Ruiz son acusados por uso indebido de influencias y Edwin Tupa por supuestos casos de corrupción.
Mientras que en la oposición fueron denunciados las asambleístas de Convergencia Nacional (CN) Adriana Gil y Jessica Echavarría. La primera tiene una acusación por supuestos actos racistas y discriminatorios. La denuncia la instaló el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas.
“La denuncia contra la diputada Adriana Gil es por haber manifestado, en contra del Presidente (Evo Morales) y otras personalidades del país, ideas racistas y discriminadoras, que seguramente van a probarse en el momento de analizar las pruebas de cargo y descargo que tengamos”, anunció la diputada Marianela Paco (MAS), miembro de la Comisión de Ética.
Opositores. Por su parte, la diputada Echavarría es acusada por retirar la wiphala en un acto oficial en Santa Cruz. Otro opositor con proceso en la comisión es el asambleísta de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro, quien fue acusado de supuestas irregularidades en sus denuncias contra el Plan de Vivienda Social (PVS). Sobre el cargo instalado en su contra, Gil afirmó que espera la determinación de la comisión y aseguró que no cometió ningún acto racista ni discriminatorio contra el Presidente.
En el segundo paquete de denuncias existen procesos contra los diputados de Convergencia Carlos Subirana, Norma Piérola, Adrián Oliva y Marcela Revollo. El primero es acusado de denunciar una presunta intromisión del MAS en la elección de la directiva. Piérola y Oliva por afirmar en el Congreso de Paraguay una supuesta persecución política en Bolivia en contra de líderes de oposición. Mientras que a Revollo se le instaló una denuncia por el supuesto intento de conformar una bancada legislativa paralela al oficialismo.
Reglamento de Ética
Sanciones
El Reglamento de Ética prevé sanciones como la suspensión hasta cuatro años en caso de faltas e insultos; y la pérdida de mandato cuando, entre otras causas, los legisladores se declaren independientes.
No existen denuncias de inasistencia a sesiones
La bancada oficialista en la Cámara de Diputados espera el informe de la Primera Secretaría para denunciar ante la Comisión de Ética casos de inasistencia a sesiones de plenaria de asambleístas de oposición y del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Aún esperamos el informe y luego se instalarán las denuncias. Pero es importante decir que los inasistentes deben ser sancionados, y acá no importa el partido político”, explicó el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Roberto Rojas.
El 30 de agosto, el oficialismo inició una “auditoría interna” para detectar a legisladores que habitualmente se ausentan de las sesiones o que sólo están en plenario cuando se llama lista.
El presidente de la Comisión de Ética, Evaristo Peñaloza (MAS), afirmó que todavía no se instalaron denuncias por inasistencia al pleno camaral. El Reglamento de la Cámara Baja establece, sobre la pérdida de mandato, que de conformidad con el artículo 157 de la Constitución, “las diputadas y diputados titulares y suplentes perderán su mandato cuando exista abandono injustificado por más de seis días continuos de trabajo y 11 días discontinuos al año”.
