Días atrás, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de Ley General de Turismo, que establece una tasa anual que deberán pagar las operadoras turísticas, entre otros aspectos referidos a la industria sin chimeneas, que finalmente ha comenzado a ser objeto de políticas públicas por parte del Gobierno. Señala el artículo 28 del mencionado proyecto que “los prestadores de servicios turísticos pagarán anualmente la Tasa Administrativa de Regulación Turística, que se cobrará por concepto de servicios administrativos de regulación, inherentes al registro, categorización, certificación de sus actividades turísticas y otros”; al mismo tiempo, las y los turistas extranjeros estarán eximidos de este tipo de pagos.
Según la presidenta de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, las empresas del rubro ya expresaron su respaldo a la iniciativa.
Sin embargo, es previsible que más pronto que tarde surjan los cuestionamientos de quienes se rehúsan a pagar nuevos tributos, señalando que amenazan su negocio. Al margen de la polémica que vaya a surgir en torno a la tasa, es bueno que exista por fin una instancia capaz de controlar la calidad de los servicios turísticos, pues así el atractivo de Bolivia se incrementará al combinar belleza natural con condiciones apropiadas para el viajero.
