La Paz, y el occidente del país, ha sufrido tres días de asedio irracional de parte de los trabajadores cooperativistas del centro minero de Colquiri, que pretenden evitar que el Gobierno revierta la concesión de la disputada veta Rosario.
Durante esas jornadas, los asociados a la Cooperativa 26 de Febrero marcharon en la ciudad, detonaron cargas de dinamita, traumaron a los pobladores y bloquearon tres de los principales accesos a la capital. Nada consiguió en esos días frenar tremendo asedio y cerco, que impidieron el viaje de miles de personas desde y hasta La Paz.
Lo que preocupa de esta actuación es que las autoridades de la administración de Evo Morales se encuentran al designio del movimiento, que, paradójicamente, es uno de los más leales al Gobierno y de cuya importancia e incidencia incluso habló el Presidente del Estado en varias oportunidades.
Los cooperativistas quieren que el Órgano Ejecutivo respete el Decreto Supremo 1337, que delimita a su favor las áreas de explotación de metales en el distrito minero. Como si fuera el único conflicto, el Sindicato de Trabajadores de la Mina Colquiri reclama al mismo tiempo lo suyo, demanda del Gobierno la aplicación del Decreto Supremo 1264, que dispone que la Corporación Minera de Bolivia se haga cargo del yacimiento.
Aunque el jueves el Gobierno consiguió la suspensión de los bloqueos, siquiera hasta el martes 18, la disputa se ha trasladado al mismo centro minero en el sureste de La Paz, donde desde el jueves están parapetados los mineros asalariados, ante el temor de que los cooperativistas tomen la mina.
Si bien con la gracia divina, o de fuerza sobrenatural posible, el conflicto no pasó a mayores; la tensión continúa y las partes parecen no estar dispuestas a ceder. De esa pulseta, saltan a la vista el interés particular de la cooperativa y el interés más común de los sindicalizados. A ver si la razón absuelve esas diferencias.
El editor
