Las autonomías profundizan la participación popular iniciada con la transferencia de recursos a los municipios, según investigadores. La participación de la sociedad civil que exige rendición de cuentas y planificar su desarrollo enfrenta hoy el desafío de obtener más recursos.
La investigación de Jean-Paul Faguet Decentralization and popular democracy: governance from below in Bolivia, realizada con base en estudios de caso y modelos econométricos, muestra que se produjeron cambios cuantitativos y cualitativos tras la aplicación de la Ley de Participación Popular 1551 (1994).
El profesor de Economía Política del Desarrollo en la London School of Economics (Inglaterra) presentó su estudio en Santa Cruz, durante el Quinto Encuentro de Economistas organizado por el Banco Central de Bolivia y luego en La Paz en el evento de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung sobre descentralización y democratización en Bolivia.
Faguet se preguntó por qué algunos gobiernos locales se desempeñan bien y otros mal. “Hay que entender las dinámicas a nivel local”, la participación de las autoridades de la sociedad civil y empresarios en los planes de desarrollo; el seguimiento con transparencia son claves, dijo.
Los resultados hallados en los municipios de Viacha (La Paz) y Charagua (Chuquisaca) confirman que el cambio fue positivo en la asignación de recursos —de un criterio político a uno per cápita—, mayor responsabilidad de los municipios y la creación de comités de vigilancia. “Se municipalizó el país. La descentralización no elimina la responsabilidad central, sino que más bien la cambia”, precisó. El estudio que abarca desde 1987 hasta 2009, muestra que el “Gobierno centralizado invirtió en transporte, energía, hidrocarburos y multisectorial, y los gobiernos locales en educación, urbanismo y vivienda y transporte y salud”.
Recordó que antes de esta reforma, los municipios grandes (del eje central) recibían hasta Bs 77 mil per cápita. “El Gobierno eligió invertir 0,0% en el 40% de los municipios del país, manifestó.
Para el economista Édgar Moncayo, la tendencia en los países de América Latina es buscar la “convergencia entre descentralización y desarrollo local”, de forma que la descentralización “aporte al desarrollo social y la transformación productiva”.
El ejemplo se puede observar en los estudios de caso de Faguet. Viacha es un municipio cercano a la sede de gobierno, su economía estaba ligada a la planta embotelladora de la CBN y a la cementera Soboce, con bajos niveles de atención en servicios básicos, educación y salud. En Charagua, 25% de su población era ganadera y el resto guaraníes con economía de subsistencia y falta de caminos para atender un espacio territorial de dos veces el tamaño de Holanda.
“Diez años después encontré algo dramático”, señaló Faguet. Mientras en el primero, la corrupción frenó su desarrollo, en el segundo hubo avance con la participación en la política de los indígenas a través de la Asamblea del Pueblo Guaraní. En este periodo, ambos mejoraron sus indicadores de educación, salud y acceso a internet. Empero, el debate hoy incluye el acceso a más recursos para atender lo que manden sus cartas orgánicas municipales e indígenas.
Los hitos en las normas bolivianas
Ley 1551
La Ley 1551 del 20 de abril de 1994, promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada “reconoce, promueve y consolida el proceso de participación popular articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, a la vida jurídica, política y económica del país”.
Autonomía
La nueva Constitución Política del Estado aprobada por voto popular y promulgada el 7 de febrero de 2009 reconoce una nueva estructura y organización territorial y manda que una ley regule los niveles de autonomías: Departamental, Municipal, Regional e Indígena Originaria Campesina.
