El Gobierno informó ayer que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) analiza la flexibilización de la norma que endurece el control del lavado de dinero en el sistema financiero. El Ministerio de Economía está a la espera de una respuesta.
El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, señaló anoche a La Razón que su despacho instruyó a la UIF analizar el tema y evitó dar detalles con relación a cuáles serán los cambios que se realizarán. “La UIF está haciendo el análisis para ver cómo se puede flexibilizar”, precisó.
El miércoles, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, recordó que hace tiempo pidió al Viceministerio de Pensiones, a la UIF y a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) que puedan ver la manera de flexibilizar la normativa.
Este diario informó el 3 de junio que los usuarios y clientes de las entidades financieras deben brindar requisitos e información en cumplimiento a una norma que endurece el control a las operaciones vinculadas al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que causa demora en la atención al cliente.
Estas operaciones tienen que ver con la apertura de una cuenta corriente, una caja de ahorros, cuando se hacen transacciones o transferencias iguales o mayores a $us 10 mil, cobro de cheques, entre otras actividades.
La Asfi aprobó en octubre de 2011, a través de una resolución, un instructivo que establece reglas para la prevención, detección y control de operaciones vinculadas con la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y otros delitos en las actividades de intermediación financiera.
La directora de la Asfi, Lenny Valdivia, dijo el 3 de junio a este medio que la norma emitida cumple una de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyo objetivo es la prevención de los delitos mencionados.
Por tal motivo, señaló que la UIF emitió un instructivo a todas las entidades financieras con el fin de “detectar cualquier actividad vinculada al lavado de dinero que se esté introduciendo al sistema financiero”.
En ese sentido, la norma emitida por la Asfi dispone que todas las entidades financieras “están obligadas” a conocer y registrar los datos personales del usuario, el número de carnet, el origen y destino de los fondos.
En el caso de ser cliente, debe anotar datos como nacionalidad, profesión, actividad económica, lugar de trabajo, ingresos, entre otros. En tanto, las empresas que contratan productos y servicios de la entidad deben presentar su razón social, su actividad principal, su domicilio de oficina principal y sucursales, su documento constitutivo de la empresa, entre otros.
La gente se resiste al control
La directora ejecutiva de la Asfi, Lenny Valdivia, informó el 3 de junio que la norma que refuerza el control del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es resistido por la población. Por ello, señaló que las entidades financieras tienen “la obligación” de informar sobre el objetivo de la medida.
La máxima autoridad de la Asfi aseguró que la aplicación de la normativa implica alguna “resistencia de la población debido a que no entienden por qué razón cuando acuden a efectuar una operación en una entidad financiera, le piden diferentes requisitos o que debe dar una información específica”. Según un informe de la GAFI, publicado en febrero de este año, Bolivia fue incluida en una lista de siete países cuestionados por no haber hecho los progresos suficientes en sus planes de acción acordados para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo producto del narcotráfico.
