La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, recordó ayer que la participación en el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), que se realizará el 21 de noviembre, es “obligatoria” porque se trata de un mecanismo para saber “cuántos somos, quiénes somos” y cómo distribuir los recursos económicos.
“Si hay comunidades que no quieren (participar en el censo) eso va en contra de la ley, porque es una medida obligatoria de ser cumplida, tanto que tiene hasta medidas restrictivas de circulación. No participar sería un atentado contra el Estado, es un tema absolutamente legal”, indicó.
Las declaraciones fueron vertidas en torno a lo acontecido durante las últimas semanas en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), donde los dirigentes de algunas comunidades manifestaron que el Ejecutivo prevé justificar, con los datos que obtenga en el censo, una reversión de tierras para luego dotarlas a los campesinos, razón por la que rechazan la actualización cartográfica en la región.
Dávila señaló que si una comunidad no es censada, no existirá en los datos del país; además, advirtió que sin la información no se justificará la provisión de recursos a esas comunidades porque se necesita el número de habitantes.
