La tenencia y uso de armas, dinamita y otro tipo de material explosivo será prohibido por el Gobierno, a través de un decreto supremo que además contempla el decomiso, aprehensión y procesos penales a los infractores, informó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
“Está listo el proyecto de decreto supremo que penaliza la tenencia de explosivos que puedan causar daños a la salud de las personas o a bienes”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa, tras reunirse con dirigentes de los cooperativistas mineros en la sede de gobierno.
El presidente Evo Morales se refirió el viernes a la necesidad de prohibir el uso de dinamita en las movilizaciones sociales, precisamente tres días después de la muerte del minero asalariado Héctor Choque, quien pereció a causa de las heridas causadas por un explosivo de este tipo. El fulminante también hirió a otras siete personas durante una movilización de los cooperativistas.
La norma tiene el objetivo de prohibir “expresamente la tenencia y uso de armas, explosivos industriales, explosivos militares, accesorios y agentes de voladura o cualquier material relacionado de uso industrial, en actividades que no estén específicamente destinadas o autorizadas, que pueden causar un daño en el cuerpo, la salud o en los bienes”, según el artículo 1 del proyecto. Los artefactos vetados son diez; el detalle se puede ver en el cuadro de la derecha.
Los petardos no están incluidos en los alcances del decreto, pero en caso de que afecten a las personas, podrá iniciarse acciones legales contra los causantes, explicó Romero.
Tras conocer el anuncio, la dirigencia de los mineros asalariados y cooperativistas expresó distintas reacciones. “El ministro está loco, no se puede criminalizar las movilizaciones, nosotros siempre hemos utilizado dinamitas”, dijo Severino Estallani, secretario general del Sindicato de Mineros de Colquiri.
Por su parte, Miguel Coñaja, de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras, indicó que si la medida ayuda a calmar el conflicto, no se ponen “ni a favor ni en contra” de la norma del Gobierno.
Al respecto, el Ministro de Gobierno aclaró que en el artículo 5 del decreto se garantiza el derecho a la movilización pacífica, “siempre que no se afecte derechos de terceros”.
“Las y los participantes en movilizaciones deberán adoptar las medidas necesarias para evitar causar daños a terceros o a la propiedad pública y privada”, señala el inciso II.
Sanciones. En el artículo 4, referido a la prevención, se indica que la tenencia y/o uso de explosivos y otros “dará lugar a su inmediato decomiso por la Policía Nacional”, y que las personas encontradas en posesión de los artefactos estipulados “serán aprehendidas y remitidas al Ministerio Público”. “Si ese tipo de explosivos genera muertes, habrá que aplicar la máxima sanción prevista en el ordenamiento jurídico boliviano, que es la pena privativa de libertad sin derecho a indulto por 30 años”, manifestó Romero.
Como antecedente, informó que ayer a las 06.30 se hizo un operativo policial en Colquiri y se detuvo una camioneta que era conducida por Jaime Solares (homónimo del dirigente minero, aclaró la autoridad). En el vehículo se halló dinamita, que fue incautada y los cinco mineros asalariados que acompañaban al chofer fueron remitidos al Ministerio Público, para establecer responsabilidades.
