A un año de la represión policial a la VIII marcha indígena, hay un solo detenido, el exsubcomandante policial Óscar Muñoz. La Fiscalía excluyó de la investigación a Evo Morales, Álvaro García y Sacha Llorenti. Indígenas critican la retardación de justicia.
El 25 de septiembre de 2011, un contingente de al menos 500 policías participó en un operativo de intervención al campamento indígena, en la comunidad de San Miguel de Chaparina (Beni).
Imágenes de televisión mostraron que los uniformados ejercieron violencia contra los marchistas, ya que los golpearon, les taparon la boca y maniataron con cinta adhesiva. Mujeres y niños no escaparon al violento accionar.
Luego de la represión, los originarios fueron llevados en una caravana de buses hacia San Borja; la población del lugar impidió la circulación de los motorizados. Ante esto, los detenidos fueron trasladados a Rurrenabaque, donde un día después la población sobrepasó el contingente policial y liberó a los indígenas.
La violencia con que actuó la Policía fue criticada por activistas, oposición, instituciones y por el propio Gobierno, que anunció una investigación a cargo de una comisión interinstitucional formada por representantes de Naciones Unidas y del Ejecutivo.
El informe del Defensor del Pueblo, de noviembre de 2011, apunta a 18 personas, entre autoridades, jefes policiales y funcionarios del Ministerio de Gobierno, como responsables del hecho. Según concluye, el exministro Llorenti planificó la intervención junto a jefes policiales el 24 de septiembre. El defensor Rolando Villena dijo ayer a La Razón que no hay señales de que se esté investigando el tema y después lamentó que una resolución de la Fiscalía haya separado del proceso a Llorenti.
“No vamos a alentar ninguna alternativa de negociar este tipo de atropellos”, sostuvo Villena. Luego sugirió que los operadores de Justicia, empezando por la Fiscalía, aúnen esfuerzos, amplíen las investigaciones y convoquen a las autoridades para que la represión a los indígenas no quede impune.
La Defensoría, por su parte, inició un proceso al excomandante de la Policía Jorge Santiesteban por “negarse” a dar información sobre el hecho. El Movimiento Sin Miedo (MSM) y la dirigencia indígena iniciaron un proceso legal contra autoridades del Gobierno por la represión. A raíz de la indagación, se decidió la detención domiciliaria del exsubcomandante de la Policía Óscar Muñoz.
Acusados. La exautoridad policial se encontraba en el lugar de los hechos junto al exviceministro de Gobierno Marcos Farfán, quien desde el 8 de mayo tiene imputación formal y hasta la fecha no se estableció sus medidas cautelares.
“Es preocupante la impunidad que existe en este caso (…) Los fiscales se prestan a los intereses del Gobierno”, criticó el dirigente indígena Lázaro Tacoó.
Muñoz, en sus declaraciones ante la Fiscalía, afirmó que su actuación en la intervención a la marcha del TIPNIS obedeció a órdenes del Ministerio de Gobierno. A su vez, desestimó las declaraciones del exviceministro Farfán, quien lo responsabilizó del hecho.
Al contrario, Llorenti aseguró que el día de la intervención hubo una ruptura de mando. El exministro fue excluido de la pesquisa y recientemente fue designado embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas.
La fiscal Patricia Santos, una de las investigadoras del caso, indicó que hubo una orden de intervención, debido a que el 24 de septiembre un grupo de marchistas había obligado a marchar al canciller David Choquehuanca.
Sin embargo, la fiscal refirió que también “hubo una contraorden” y que pese a ello se desarrolló el operativo policial. El fiscal general interino, Mario Uribe, también excluyó de la indagación al presidente Morales y al vicepresidente García.
El dirigente indígena Emilio Noza criticó la “retardación de justicia” en el caso y dijo que “la Fiscalía está sometida a intereses del Órgano Judicial”. El senador oficialista Eugenio Rojas sostuvo que la Fiscalía debe agilizar la pesquisa del caso para dar con los culpables de la represión.
Los indígenas se movilizarán en Santa Cruz y en el TIPNIS
Santa Cruz y la comunidad de Gundonovia serán las sedes de los actos que desarrollarán los indígenas en memoria de la represión policial del 25 de septiembre en Chaparina, Beni.
El dirigente indígena Lázaro Tacoó informó que un grupo mayoritario de originarios se reunirá el martes en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz.
Desde ese lugar se iniciará una caminata rumbo al Palacio de Justicia de esa ciudad, luego a la Fiscalía de Distrito y, finalmente, al Comando Departamental de la Policía. “Son las tres instituciones, junto al Gobierno, que nos humillaron en Chaparina”, protestó.
“La Fiscalía excluyó a Evo Morales, Álvaro García y Sacha Llorenti de la investigación. La Justicia demora y la Policía actuó por órdenes del Gobierno. Acá existe una total impunidad”, añadió Tacoó, quien en 2011 era vocero de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).
El 25 de septiembre de 2011, al menos 300 policías intervinieron la columna indígena en la localidad de Chaparina. Los uniformados golpearon y maniataron con cinta adhesiva a los marchistas, quienes se encontraban descansando luego de almorzar.
A raíz de la represión, se abrieron procesos legales contra autoridades del Gobierno. La Fiscalía decidió excluir de la indagación al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García y al exministro Sacha Llorenti.
Por su parte, el dirigente indígena Emilio Noza informó a este medio que en la comunidad de Gundonovia —en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)— se realizará un homenaje-recordatorio por los hechos de Chaparina.
“En el lugar de resistencia a la consulta (Gundonovia) se reprochará la impunidad que existe por la vergonzosa y humillante represión policial. Seguiremos en pie de lucha hasta que se dé con los culpables”, expresó Noza.
‘La represión rompió la relación’
Es importante destacar que la represión policial que se ejecutó en Chaparina tuvo un efecto negativo en el Gobierno, a tal punto de la renuncia de dos ministros. El proceso judicial es otra cosa, pero no sorprende que aún no existan culpables por la retardación que existe en nuestra Justicia.
Claro está que la intervención policial del 25 de septiembre de 2011 fue el último acto que rompió la buena relación que existía entre Gobierno y pueblos indígenas de tierras bajas. Recordemos que Adolfo Chávez era un aliado importante de Evo Morales y su organización era parte del Pacto de Unidad. Con la represión esa relación se rompió y los pueblos indígenas pasan a ser como una organización opositora a la gestión de Evo Morales.
