Según el último reporte estadístico de la Autoridad de Fiscalización de Pensiones, la rentabilidad de los aportes que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) gestionan ha caído en 40% y mantiene una tendencia a la baja, lo que significaría más años de trabajo o realizar aportes extraordinarios para alcanzar la jubilación como establece la nueva Ley de Pensiones.
Las autoridades económicas explican este fenómeno como una baja en las tasas de interés que los mercados internacionales ofrecen y el sinceramiento al tipo de inversiones que las AFP realizan. De ser cierto, este argumento revela que la crisis financiera internacional afecta y afectará a los aportantes para la jubilación, y que el blindaje económico del que goza el país ha tenido un resquicio a los efectos perversos de las turbulencias financieras que cada día sacuden al mundo, y ahora a los cotizantes bolivianos.
Ante esta situación, más allá de las declaraciones técnicas, es necesario que las autoridades económicas tomen medidas que permitan la recuperación de la rentabilidad de los aportes de una manera eficiente, en el menor plazo y con los menores riesgos posibles, además sin pretender que un “ajuste” del mismo mercado logre revertir la preocupante caída de los rendimientos.
Se pueden esbozar tres medidas de política financiera de corto plazo, aprovechando la calificación de riesgo mejorada para Bolivia. Primera, realizar la emisión de deuda programada en el Presupuesto General del Estado de manera interna y no recurriendo a la bolsa de Nueva York, permitiendo que las AFP adquieran esos títulos con mejor grado de inversión, a un mayor plazo y mejores tasas. Con esta medida, la deuda soberana se queda en casa y el Estado cumple su función de preservar los aportes.
Segunda, flexibilizar los márgenes de riesgo de las AFP, permitiéndoles realizar inversiones en papeles con menor grado, pero con restricciones hacia los títulos especulativos y en un porcentaje acotado de su portafolio. Es la misma lógica que viene aplicando la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) en cuanto a la calificación de cartera de créditos, por lo que no hay novedad en la medida y su mecánica.
Tercero, acelerar el reglamento a la nueva Ley de Pensiones, permitiendo dar claridad hoy a los operadores de las AFP, en un futuro muy cercano a los operadores de la nueva Gestora de Pensiones, y fundamentalmente a los futuros jubilados, sobre el destino de sus aportes y cotizaciones, de manera que el ahorro previsional de largo plazo sea gestionado con los preceptos de rentabilidad, prudencia, preservación y responsabilidad.
Es responsabilidad última del Estado asegurar una jubilación digna para las y los trabajadores, más aún si son aportantes, por lo que es imperiosa una reacción a la caída de la rentabilidad de los aportes.
