Ha pasado un año del intento de frenar la VIII marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Chaparina (Beni), que se dirigía hacia la ciudad de La Paz. El 25 de septiembre de 2011, oficiales de la Policía boliviana dispararon gases lacrimógenos de forma indiscriminada, golpearon y detuvieron arbitrariamente a hombres, mujeres y niños indígenas que participaban de una marcha pacífica hacia La Paz contra la construcción de una carretera a través del TIPNIS.
Fue una de las violaciones más flagrantes cometida por parte del Estado a los derechos de los pueblos indígenas y a los derechos humanos. En este año transcurrido hemos escuchado muchas voces manifestarse sobre el porqué no se ha dado celeridad para sancionar a los culpables de la represión. Quienes seguimos estos acontecimientos tenemos muy frescas las imágenes vistas por distintos canales de televisión, la crueldad con la que amordazaron los policías a mujeres indefensas, escuchar el llanto de los niños por haber sido obligados a separarse de sus padres.
Lo más llamativo es que existe una total coincidencia por parte de las autoridades del Estado a la deplorable actitud policial. Hace pocas horas el presidente Evo Morales declaró a un canal internacional que “lamento mucho decir que ahí algunas decisiones se tomaron unilateralmente por la Policía Nacional”. Entonces, ¿quiénes tomaron esa decisión unilateral para la represión? Además, el presidente Morales declaró que: “Pedimos una investigación transparente, de manera que si es posible con la intervención de la comunidad internacional, porque nada tenemos que ocultar”. De acuerdo, pero ¿cuándo se hará efectiva esa decisión?
Hace pocos días, la Ministra de Justicia admitió la retardación de justicia en el caso. Un miembro del Tribunal Supremo de Justicia dijo que el Ministerio Público “no está cumpliendo con su función”. El Defensor del Pueblo, a través de un comunicado público, también denunció la impunidad sobre los sucesos, pese a existir reportes, testimonios e informes de investigación que evidencian la brutal agresión. ¿El Órgano Judicial no funciona o no quiere trabajar en “tiempos de cambio”?
A raíz de que no se investiga el caso, se ha instituido la memoria colectiva del pueblo, donde las autoridades principales serían las culpables y son quienes han dado la orden a la Policía para semejante represión. Ese sentido adquieren los actos de conmemoración o de desagravio realizados en las ciudades de Trinidad, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Pues si no fueron las principales autoridades del Estado, ¿quiénes o quién dio la orden a la Policía para la intervención en Chaparina? Sabemos que la comisión de fiscales sólo tomó declaraciones a presuntos implicados. Únicamente el exsubcomandante nacional de la Policía ha sido imputado y se halla con detención domiciliaria; pero ¿los otros? Estos actos hacen que la impunidad construya una memoria colectiva capaz de sancionar, aunque sea moralmente, a los verdaderos culpables.
Janipiwa walikiti ukham sarnaqañaxa. ¿Khitisa pallapallanakura khiti, ch’umi manqhan jilata kullakanakaru jawq’xayañataki? Anchhitkamaxa janiwa yatiskiti khitisa juchninakaxa.
