El Gobierno anunció que exigirá una investigación sobre las condiciones en las que el exfuncionario público tarijeño, Pablo Fabián Cossío Cortéz, pudo haber «burlado» la acción de la ley luego de obtener un permiso temporal de la cárcel de Morros Blancos, a la que no retornó el pasado viernes como estaba previsto.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo, en conferencia de prensa, que Cossío Cortéz, sentenciado a cuatro años de prisión por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito, gozaba de un permiso de quince días concedido por una juez de ejecución de penas de Tarija, el cual fenecía el pasado viernes 28 de septiembre.
«Estamos pidiendo una rigurosa investigación en el ámbito judicial, primero para conocer las razones por las que se le otorgó ese permiso prolongado, y no se dispuso la custodia. Y también acerca del paradero de este señor, sería una acción de burla a la justicia y al Estado por parte de una persona que ha sido acusada por delitos penales», manifestó.
También señaló que el Ministerio de Gobierno ha solicitado a la jueza del caso un informe sobre los detalles de su actuación en la concesión del permiso, y también sobre otros aspectos como la presumible ausencia de custodia que habría favorecido la evasión del prisionero.
«Presentamos una denuncia contra la jueza encargada del caso, para munirse de una información más detallada, pero también formular un plan operativo que nos permita la captura de este delincuente», indicó.
Cossío Cortéz, hermano del ex gobernador de Tarija, cumplía una sentencia de cuatro años en la cárcel de Morros Blancos, la misma que comenzó a tener vigencia en 2010 y debía concluir en 2014.
Por otra parte, y consultado sobre la eventualidad de que el Gobierno endurezca las sanciones en contra de quienes interrumpan la circulación por las rutas del país, en vista de los frecuentes bloqueos en distintos puntos, Romero respondió que el derecho a la protesta está «reconocido constitucionalmente».
No obstante, el ministro apuntó que «todo derecho culmina en el momento en que el derecho de los demás se inicia», al admitir que «hay protestas que están agrediendo derechos de terceros, como la libre circulación, trabajo y actividades productivas».
«No necesitamos una norma específica al respecto, yo creo que la población que se encuentre afectada por un bloqueo o una acción de otro sector, deberíamos ver que se aplique la justicia, el amparo de los derechos vulnerados y en función de eso, reestablecer los derechos», apuntó.
«La legislación prevé (sanciones) pero normalmente no se aplican esos procedimientos, creo que como se producen abusos, debemos empezar a aplicarlos», concluyó.
